Escándalo por los créditos del Banco Nación: dos políticos sanjuaninos aparecen como beneficiarios

Un informe nacional reveló deudas de dirigentes de todo el país, pero en San Juan el foco se posa sobre dos figuras con acceso a financiamiento bancario. El caso se inscribe en una polémica mayor que atraviesa al oficialismo.

En medio de la crisis política desatada por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, un nuevo capítulo suma tensión al escenario nacional: la difusión de un listado de créditos hipotecarios otorgados a dirigentes políticos, entre los que aparecen dos referentes sanjuaninos.

Se trata del senador libertario Bruno Olivera Lucero y la exdiputada nacional Ana Fabiola Aubone, cuyos nombres figuran en un relevamiento publicado por el sitio especializado parlamentario.com. Ambos accedieron a financiamiento hipotecario en entidades bancarias, en el marco de una nómina que incluye a 50 dirigentes de distintos espacios políticos.

En el caso de Olivera Lucero, el crédito fue otorgado por una entidad internacional y asciende a poco más de 32 millones de pesos. Aubone, por su parte, registra dos préstamos: uno con el Banco Nación y otro con una entidad privada, que en conjunto superan los 45 millones de pesos.

Si bien los montos de los dirigentes sanjuaninos se ubican por debajo de otras cifras difundidas en el informe, su inclusión en el listado reaviva el debate sobre las condiciones de acceso al crédito y el rol de los funcionarios públicos dentro del sistema financiero.

El relevamiento no distingue colores partidarios: incluye mayoritariamente a figuras del oficialismo, pero también a dirigentes opositores. En ese marco, el caso de los sanjuaninos se suma a una discusión más amplia que atraviesa a toda la dirigencia política.

La polémica se originó tras conocerse detalles patrimoniales vinculados al entorno de Adorni, lo que derivó en un efecto dominó que terminó exponiendo información sensible sobre financiamiento de funcionarios. Así, mientras la crisis política sigue abierta, en San Juan la atención se concentra en el alcance y las implicancias de estos créditos dentro de la escena local.

El tema tomó mayor dimensión cuando trascendió que varios referentes políticos accedieron a préstamos de elevado monto en momentos en que, si bien no integraban formalmente La Libertad Avanza, ya acompañaban al espacio con su apoyo legislativo. Entre ellos se encuentran los diputados Mariano Campero y Alejandro Bongiovanni, quienes respondieron públicamente a las críticas a través de redes sociales.

La publicación del sitio especializado parlamentario.com amplió el alcance del caso al revelar un listado de 50 dirigentes, entre diputados, senadores y altos funcionarios, con deudas crediticias. Si bien predominan los oficialistas, también aparecen representantes de distintas fuerzas políticas.

Entre los casos más destacados figura el diputado opositor Ignacio García Aresca, quien mantiene una deuda cercana a los 520 millones de pesos, gran parte de ella vinculada a financiamiento para maquinaria agrícola. También sobresale el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, con compromisos financieros por unos 330 millones de pesos con entidades privadas.

Dentro del oficialismo, vuelven a aparecer nombres como Campero, con una deuda superior a los 300 millones, y otros legisladores con importantes créditos hipotecarios en distintas entidades bancarias, tanto públicas como privadas. La lista incluye además a figuras de diversos espacios políticos, evidenciando que el fenómeno trasciende alineamientos partidarios.