Envejecer con dignidad: la necesidad de una obra social que responda

Escribe: Alfredo Nardi (*) –

La vejez no debería ser una etapa de abandono, incertidumbre o angustia. Después de una vida de trabajo, aportes y esfuerzo, las personas mayores merecen transitar esa etapa con tranquilidad y con un sistema de salud que realmente responda a sus necesidades. Sin embargo, la realidad muchas veces muestra un escenario distinto: autorizaciones demoradas, medicamentos que no llegan, estudios postergados, derivaciones interminables y obstáculos administrativos que transforman el acceso a la salud en una carrera de resistencia.

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Con el paso de los años aumentan naturalmente las necesidades médicas. Aparecen enfermedades crónicas, tratamientos permanentes, controles frecuentes y una mayor dependencia de prestaciones de salud. Justamente por ello, una obra social no puede limitarse a ser un mero administrador burocrático de expedientes; debe convertirse en un verdadero instrumento de protección social.

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El problema adquiere una dimensión aún más profunda cuando advertimos que muchas personas mayores enfrentan estas dificultades en condiciones de vulnerabilidad: ingresos limitados, dependencia física o dificultades tecnológicas para realizar trámites cada vez más complejos. Para muchos adultos mayores, una aplicación, una clave digital o un trámite virtual pueden convertirse en una barrera casi infranqueable.

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Nuestra legislación y los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional son claros. La protección integral de las personas mayores exige medidas concretas y efectivas. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores reconoce el derecho a la salud, a la dignidad y a recibir servicios adecuados y oportunos.

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Una sociedad se mide por la manera en que trata a sus mayores. Y una obra social eficiente no debería ser un privilegio ni una excepción: debería ser una garantía básica para que la vejez pueda vivirse con respeto, seguridad y dignidad.

*Abogado especialista en Derecho de Salud

Fuente: Publicado en El Nuevo Diario, edición 2194 del 30 de mayo de 2026