En el sector de la seguridad privada advierten un gran crecimiento minero pero que también avanza la precarización laboral

Un empresario del sector seguridad reivindicó estándares mineros, pero denunció precarización laboral y fallas de control estatal.

El propietario de Huarpes Seguridad, Daniel Cárcamo, defendió el impacto de la minería en el desarrollo empresarial y cuestionó la precarización laboral en el sector de seguridad privada, al tiempo que reclamó mayor control estatal y cumplimiento efectivo de la ley.

Durante una entrevista en el programa De Sobremesa, sostuvo que su empresa pasó de apenas 10 empleados en 2010 a más de 700 trabajadores distribuidos en 9 provincias, crecimiento que atribuyó directamente a la actividad minera. Según afirmó, el sector impone estándares internacionales estrictos, tanto en materia ambiental como operativa, lo que obliga a los proveedores a profesionalizarse.

Cárcamo rechazó críticas habituales hacia la minería, como la contaminación o la falta de desarrollo local, y aseguró que se trata de una industria “seria, con controles y penalidades financieras relevantes” ante incumplimientos. En ese sentido, destacó que incluso empresas de seguridad deben cumplir con protocolos ambientales, gestión de residuos y planes de contingencia.

Sin embargo, el empresario trazó un fuerte contraste con otras áreas del mercado laboral. Denunció que en el rubro de seguridad privada existen casos donde se pagan salarios por debajo de lo legal —entre $350.000 y $500.000 por jornadas de hasta 12 horas—, muchas veces fuera de registro formal.

Atribuyó esta situación a una combinación de factores: fallas en los controles estatales, complicidad empresarial y tolerancia social, lo que calificó como “hipocresía estructural”. En ese marco, propuso como medida central la bancarización obligatoria de salarios para transparentar las relaciones laborales.

El planteo introduce una tensión relevante en la agenda económica local: mientras la minería aparece como motor de crecimiento y formalización en ciertas cadenas de valor, otros segmentos vinculados —como servicios tercerizados— exhiben déficits estructurales en condiciones laborales.

El escenario plantea un desafío doble para la política pública: sostener la expansión minera bajo estándares internacionales y, en paralelo, cerrar brechas de informalidad laboral. Sin ese equilibrio, el impacto positivo del sector podría verse limitado por conflictos sociales y cuestionamientos sobre la calidad del empleo generado.