El hombre que mató a su hijastra de 10 años, asumirá su responsabilidad y aceptará los 17 años de cárcel

Leonardo Ezequiel Tello, el hombre acusado de asesinar de un disparo a su hijastra de 10 años, Milagros Rivero Gutiérrez, aceptará su responsabilidad y se someterá a una condena de 17 años de prisión. La pena surge de un acuerdo celebrado entre su defensa y la Fiscalía, que será presentado ante el juez de Garantías para su homologación en los próximos días. Con este paso, el expediente entra en su tramo final tras meses de conmoción social por la muerte de la niña.

El crimen ocurrió durante la madrugada del 26 de diciembre del año pasado, en una vivienda del barrio Constitución, en Santa Lucía. De acuerdo con la investigación, Tello, de 32 años, había pasado la noche de Navidad manipulando y efectuando disparos con un revólver calibre 22 tanto dentro como fuera de la casa. En medio de esa conducta temeraria, un disparo terminó impactando en el abdomen de la menor, que estaba en el domicilio junto a sus hermanos. Según los testimonios recabados, tras el hecho habría dicho “me mandé un moco” antes de huir, aunque fue detenido por la Policía pocas horas después.

Milagros, quien soñaba con convertirse en maestra, vivía con su madre y sus hermanos en la casa donde se produjo la tragedia. Su muerte generó una profunda conmoción en Santa Lucía y desató numerosos pedidos de justicia tanto en redes sociales como entre sus allegados.

Tello, apodado “El Bruja”, era la pareja de la madre de la niña y convivía con la familia. Su historial delictivo se extiende desde 2008 e incluye causas por hurto, daños, lesiones, amenazas y abuso sexual. Pese a ese prontuario, se encontraba en libertad al momento del crimen y, según reveló la pesquisa, solía manipular armas de fuego de manera imprudente, llegando incluso a disparar dentro de la casa en otras ocasiones.

El acuerdo que ahora será sometido al juez Maximiliano Eugenio Barbera fija una condena de 17 años por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. De no haber existido consenso entre las partes, la pena podía escalar hasta un máximo de 33 años. La decisión judicial pondrá punto final a un caso que dejó marcada a toda una comunidad.