Docentes, nodocentes y estudiantes de la UNSJ, en alerta ante posibles cambios en el financiamiento universitario

Representantes de los distintos claustros vinculados a la Universidad Nacional de San Juan resolvieron declararse en estado de alerta y movilización luego de un encuentro realizado el sábado 14 de febrero en la sede de SiDUNSJ. La convocatoria se dio en un contexto de creciente inquietud por eventuales modificaciones en la Ley de Financiamiento Universitario impulsadas por el Gobierno nacional.

De la reunión participaron delegaciones gremiales de UDA, ADICUS, APUNSJ, además de la FUSJ. Durante el encuentro, analizaron el escenario actual tras la difusión de información oficial que anticipa posibles cambios en la normativa vigente.

Reclamos por salarios y presupuesto

En un comunicado conjunto, las organizaciones advirtieron que la preocupación excede el debate legislativo y apunta al financiamiento estructural de la universidad pública. Señalaron que existe un intento de avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo y denunciaron la profundización del malestar entre trabajadores y trabajadoras del sector, cuyos ingresos —afirman— resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

Los gremios remarcaron que la pérdida del poder adquisitivo no solo afecta a docentes y nodocentes, sino que impacta de manera directa en el funcionamiento del sistema universitario. En esa línea, sostuvieron que el desfinanciamiento compromete las condiciones de cursada, la calidad académica y las políticas destinadas a garantizar la permanencia y el acceso equitativo a la educación superior.

Asimismo, encuadraron la situación dentro de un proceso más amplio que calificaron como una reforma laboral regresiva, la cual —según indicaron— implica un retroceso en derechos y afecta tanto al personal universitario como al estudiantado.

Unidad y estado de movilización
Frente a este panorama, las entidades reafirmaron su decisión de actuar de manera conjunta y formalizaron el estado de alerta y movilización. Subrayaron que la defensa de la universidad pública y de los derechos laborales requiere organización y acciones colectivas.

Finalmente, ratificaron la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y anticiparon que mantendrán un esquema de organización permanente ante cualquier medida que, a su entender, ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema universitario público.