Dictaron prisión preventiva para los tres imputados por la megaestafa de Branka Motors

La Justicia consideró acreditada la existencia del delito y el riesgo procesal. Los acusados permanecerán detenidos mientras avanza una investigación.

Luego de una jornada de análisis, la jueza de Garantías Carolina Parra resolvió imponer la prisión preventiva a Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega, los tres principales acusados en la causa conocida como Branka Motors. La medida cautelar tendrá una duración de dos meses, mientras que el Ministerio Público Fiscal contará con un plazo de un año para desarrollar la investigación penal preparatoria.

Durante la audiencia, la magistrada sostuvo que existen elementos probatorios suficientes que permiten afirmar la existencia del delito investigado. Según fundamentó, los imputados habrían desplegado una maniobra destinada a aparentar solvencia económica y generar confianza en potenciales clientes con el objetivo de captar dinero mediante engaños, lo que configura un claro riesgo procesal.

Parra también advirtió que, en caso de llegar a juicio y comprobarse la responsabilidad penal de los acusados, la eventual condena sería de cumplimiento efectivo. Esto se debe a que la causa contempla 348 hechos en concurso real, con una expectativa de pena que podría alcanzar hasta seis años de prisión.

Además de ordenar la detención preventiva, la jueza dispuso la inhibición general de bienes y el embargo sobre el patrimonio de los tres imputados.

La investigación por la operatoria de Branka Motors
La Fiscalía investiga a los acusados por presuntamente haber defraudado a al menos 348 personas mediante operaciones realizadas bajo el nombre comercial “Branka Motors”. Alexis Javier Marcó, Jonathan David Marcó y Agustín Banegas Subiría fueron imputados como coautores del delito de defraudación por engaño en concurso real.

De acuerdo con la pesquisa, la firma funcionó en un local ubicado sobre avenida Rioja, en Capital, entre julio de 2025 y enero de 2026. Durante ese período, habría implementado estrategias comerciales y publicitarias destinadas a simular una estructura empresarial sólida que, según los investigadores, en realidad no existía.

Los fiscales sostienen que no se trató de simples incumplimientos contractuales, sino de un esquema planificado para inducir al error a los clientes. La maniobra incluía distintas modalidades, entre ellas supuestas ventas al contado con entrega de motocicletas en plazos breves que luego se prorrogaban indefinidamente, planes de financiación con promesas de adjudicación temprana y mecanismos contractuales que permitían retener parte del dinero abonado ante cancelaciones.

Según la acusación, el funcionamiento respondía a una lógica similar a un sistema tipo Ponzi, en el que los fondos aportados por nuevos clientes eran utilizados para afrontar compromisos previos, sin que existiera una actividad comercial genuina que garantizara la entrega de los vehículos ofrecidos.

Informes incorporados a la causa provenientes de plataformas de pago y entidades financieras indican que los montos abonados por las víctimas ingresaban directamente a cuentas personales de los imputados, lo que evidenciaría una mezcla entre los fondos de la supuesta empresa y el patrimonio particular de sus administradores.