Con la condena a Pereyra, se logró el castigo más alto del sistema acusatorio por una tragedia vial

La Justicia impuso cuatro años de prisión efectiva a un conductor que provocó dos muertes y graves lesiones en 9 de Julio. El fallo constituye la pena efectiva más elevada obtenida en la provincia para un homicidio culposo agravado derivado de un siniestro vial.

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales alcanzó un fallo sin precedentes dentro del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial de San Juan al obtener la condena efectiva más alta dictada hasta el momento por un caso de homicidio culposo agravado en un siniestro vial.

La sentencia fue dictada por el juez Sergio López Martí, quien condenó a Marcos Gabriel Pereyra a cuatro años de prisión efectiva y ocho años de inhabilitación para conducir vehículos, tras hallarlo responsable de un hecho ocurrido en enero de 2025 en el departamento 9 de Julio, donde perdieron la vida dos personas y una tercera sufrió graves lesiones.

La investigación estuvo a cargo de la UFI de Delitos Especiales, integrada en esta causa por el fiscal coordinador Iván Grassi y los fiscales Sebastián Gómez, Agostina Pérez y Adrián Elizondo. Durante el proceso, el equipo fiscal reunió pruebas técnicas, periciales y testimoniales que permitieron reconstruir la mecánica del siniestro y acreditar la responsabilidad penal del acusado.

Uno de los aspectos centrales de la acusación fue demostrar que Pereyra conducía bajo los efectos de estupefacientes. Los análisis toxicológicos confirmaron la presencia de cocaína y marihuana en su organismo, además de cocaetileno, una sustancia que se produce por el consumo combinado de cocaína y alcohol.

La Fiscalía también acreditó que la conducta del conductor se encuadraba en los parámetros de culpa temeraria establecidos por la legislación penal. Como consecuencia del choque fallecieron Juan Alberto Torres Figueroa y Mirco Aballay Allende, mientras que Vanesa Ahumada sufrió lesiones de extrema gravedad que continúan afectando su vida cotidiana.

Durante los alegatos, el Ministerio Público había solicitado una pena de cinco años de prisión y diez años de inhabilitación para conducir, argumentando la gravedad de los hechos y la concurrencia simultánea de tres agravantes de máxima relevancia: conducir bajo los efectos de drogas, actuar con culpa temeraria y provocar más de una víctima fatal.

Precisamente, la acreditación de estos agravantes permitió que la condena quedara muy cerca del máximo previsto por la escala penal y se transformara en un antecedente de especial relevancia dentro del sistema acusatorio provincial.

Desde el Ministerio Público destacaron que el resultado obtenido refleja el trabajo desarrollado durante toda la investigación y marca un precedente en materia de persecución penal de los delitos viales más graves, reafirmando el compromiso institucional con la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.