Con toda la legislación que pedían, ahora las mineras deben traer las inversiones

Se aprobaron los cambios a la Ley de Glaciares

Escribe: Juan Carlos Bataller Plana –

Desde hace años, la gran minería es una historia de “ya llega”.

Y como la zanahoria que se le pone por delante al caballo, desde hace tiempo se escucha que para que haya minería, el Estado debe darle más condiciones.

En los últimos años, son varios los incentivos aprobados. Como la ley de San Juan que permite computar como gastos en regalías futuras, parte de las obras que hace la empresa minera.  

Con la llegada de Javier Milei, se pidió que se levantara el cepo y las mineras puedan llevarse del país los dólares ganados. Tras conseguir algo que es lógico para quien invierte, dijeron que la clave pasaba por aprobar el RIGI. En un país con poca credibilidad, se necesitaba seguridad jurídica.

Salió la ley y empezaron a aprobarse los RIGI pero todavía los grandes capitales no llegaban.

El problema pasó a ser la Ley de Glaciares. Con un exceso de celo ambiental, se impedía los proyectos en ambientes que no aportaban en concreto al sistema hídrico.

Este miércoles, con gran esfuerzo por parte del Gobierno Nacional y los gobernadores de provincias mineras, se cambió esa ley para pasar a darle a las provincias las facultades de determinar lo que es un glaciar protegido y qué es una superficie de hielo que no es necesario preservar.

Eso sí, tras hablar de los miles de millones de dólares que traerá la minería, los miles de empleo que se crearán, las décadas que habrán de progreso sostenido en las provincias mineras, ya no alcanza que estemos en “el umbral” de un cambio profundo en la provincia.

Los empresarios mineros tenían razón cuando decían que la ley era confusa, los criterios difusos, la seguridad jurídica insuficiente. Todo parecía quedar en suspenso, como si la cordillera misma estuviera en pausa, esperando una redacción más precisa para liberar su riqueza. Hoy, esa excusa empieza a evaporarse. La reforma, celebrada por cámaras y acompañada por el poder político, ofrece exactamente lo que se reclamaba: reglas más claras, delimitaciones más firmes, un marco que —al menos en los papeles— ordena el terreno.

La responsabilidad ya no es del Estado. Es tiempo de decisiones.

Josémaría y el distrito Vicuña, Pachón, Altar, Los Azules… ya no tendrán la excusa de no empezar. Se terminaron los tiempos de pura explicación… y muchos informes de Power Point.

Y si bien la minería, por su propia naturaleza, trabaja con horizontes largos, en donde hay tiempos técnicos, financieros y ambientales, van a tener que empezar a poner fechas ciertas a los inicios de construcción de los proyectos.

San Juan demostró que la actividad es política de Estado, más allá del color político. De los nueve legisladores, sólo la senadora Giménez votó junto al kirchnerismo contra la minería. Y los números de la provincia están muy justos, con un Estado que necesita urgente de grandes inversiones.

El desafío, entonces, ya no es normativo. Es de voluntad y de plata.

La cordillera no cambia con las leyes. Cambia cuando llegan las máquinas, cuando se abren caminos, cuando la inversión deja de ser una promesa y se convierte en obra.

Y los tiempos se acortan…

Fuente: Publicado en El Nuevo Diario, edición 2187 del 11 de abril de 2026