Bukele o la opción entre seguridad y libertad

Escribe: Giancarlo Parietti –

El Salvador tal vez sea un anticipo de lo que puede ocurrir en muchos países donde la opción son altas tasas de criminalidad o pérdida de derechos por parte de la sociedad-

Hace casi cuatro, el presidente Nayib Bukele declaró una “guerra” a las pandillas en El Salvador, tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana. Ahora el presidente proclama que su país es el “más seguro” del continente gracias a la ofensiva iniciada el 27 de marzo de 2022 al amparo de un régimen de excepción, que restringe libertades constitucionales, pero sus críticos afirman que el precio ha sido alto, a costa de la violación de derechos humanos, según denuncian distintas ONGs.

No hay dudas que desde la llegada de Nayib Bukele, El Salvador ha experimentado cambios significativos, principalmente en el área de seguridad, con una drástica reducción de la criminalidad bajo un régimen de excepción que suspende ciertas garantías constitucionales. A nivel político, se han aprobado reformas que permiten la reelección presidencial indefinida, se ha reducido el financiamiento a partidos políticos y se han tomado medidas que han sido criticadas por concentrar poder, como la remoción de jueces y fiscales.

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El despliegue de militares y policías permitió desbaratar las estructuras de las “maras” o pandillas, que se financiaban con el cobro de “rentas” (extorsiones), sicariato y venta de drogas al menudeo. Quienes se negaban a pagar eran asesinados o les mataban a un familiar.
Una investigación de InSight Crime estimó que en el país había casi 120.000 pandilleros: la Mara Salvatrucha tenía 78.000 y la Barrio 18, con sus dos facciones, unos 41.000.

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El criminólogo Ricardo Sosa estima que a las maras les ha faltado capacidad de “adaptación” para mutar a otra modalidad criminal, mientras Bukele -reelegido para otro mandato de cinco años, promete continuar la guerra “hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas”.
“Esta guerra en contra de estos terroristas va a continuar y no vamos a dejar de realizar todas las acciones necesarias para erradicar ese mal endémico que por veinte años estuvo en este país”, declaró el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al estatal canal 10 de televisión.
El ministro de la Defensa, René Francis Merino, destacó en el mismo programa de TV la coordinación del ejército y la policía en esta cruzada. “Lo que en estrategia se llama daño colateral, en El Salvador ha sido mínimo […] y por esa razón es algo atractivo para otros países”, afirmó, sobre un modelo de seguridad que busca ser emulado en otro países, entre ellos, la Argentina.

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La cruzada de Bukele terminó con el dominio que las pandillas ejercían sobre el 80% del territorio nacional, según el gobierno. Además, el país redujo su tasa de homicidios -que llegó a ser de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015- a 2,4 en 2023, por debajo del promedio mundial (ocho, según la ONU). Desapareció el temor a caminar de noche, los niños han vuelto a jugar en los parques y cualquier persona puede abordar tranquilamente un colectivo o visitar otro barrio sin temor a perder la vida.
“Ahora uno se siente más confiado al viajar en los autobuses, ya no se ven pandilleros pidiendo dinero a los pasajeros”, dijo a la AFP el profesor Mauricio López, de 40 años. Comunidades enteras “retomaron la normalidad de sus vidas”, resume el académico Carlos Carcach.
Gran parte del sector productivo, comercial y de transportes dejó de pagar la “renta”, según gremios empresariales. Los restaurantes ahora atienden de noche y reparten comida a domicilio. El clima de seguridad condujo a la reapertura de negocios y ha incentivado el turismo, que en 2023 aportó ingresos por 2755 millones de dólares, 48% más que al año anterior. Sin embargo, la economía sigue siendo una asignatura pendiente de Bukele, pues 30% de salvadoreños vive en la pobreza y 10% en la pobreza extrema, según la Cepal. Se estima que 70% de los trabajadores son informales, mientras miles de familias dependen de remesas del exterior, que totalizaron 8181 millones de dólares en 2023, 26% del PBI del país.

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Organizaciones de derechos humanos critican los métodos de Bukele. Amnistía Internacional y el Movimiento de Víctimas del Régimen denuncian “detenciones arbitrarias”, presuntos “atropellos”, “torturas” y “muertes” en prisión.
Hay “327 casos de desapariciones forzadas” y “235 muertes bajo custodia estatal”, afirma Amnistía. La población penitenciaria es de 102.000 personas, en un país de 6,3 millones de personas.

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“De no corregir el rumbo, la instrumentalización del proceso penal y la instauración de una política de tortura en el sistema penitenciario podrían perpetuarse”, agregó la organización humanitaria en un comunicado. “Además, [Bukele] demuestra su incapacidad para diseñar medidas integrales de largo plazo que aborden las causas subyacentes de la violencia y la criminalidad”, indicó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía, citada en el comunicado.
Un informe anterior de AI, de 2023, calculó que en El Salvador 1,7% de los mayores de 18 años está detenido, lo que arroja una de las tasas de población penal más altas del mundo.

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Organismos humanitarios cuestionan la detención de inocentes al amparo del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial, y advierten posibles repercusiones a futuro. Para Katya Salazar, de la ONG Fundación Debido Proceso, El Salvador con los miles de detenidos tiene “una bomba de tiempo, porque es una cosa no sostenible” en el tiempo. “El Salvador no se puede quedar con 78.000 personas en la cárcel [y] que no sean juzgadas, tiene que haber algún tipo de respuesta de solución judicial”, aseguró.

“Se ha generado la ilusión errónea de que el presidente Bukele ha encontrado la fórmula mágica para resolver problemas muy complejos”, asegura Amnistía, que afirma que el presidente obliga “a la población a elegir entre seguridad y libertad”.

Más de 78.000 presuntos pandilleros han sido detenidos en estos tres años, y las pandillas han sido incapaces de reclutar nuevos miembros. Además, les confiscaron casi 4000 armas, algunas de uso militar.
La economía sigue siendo una asignatura pendiente de Bukele, pues 30% de salvadoreños vive en la pobreza y 10% en la pobreza extrema, según la Cepal.

Fuente: Publicado en El Nuevo Diario, edición 2168 del 1 de noviembre de 2025