Chiqui Tapia rechazó el pedido de veedores de la IGJ con un insólito comunicado «El pueblo no se vende»

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino habló de “operación política” y citó un antecedente que vincula a Patricia Bullrich como caso testigo en su defensa.

a Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado este jueves —firmado por su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia— en el que calificó la reciente veeduría dispuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ) como una medida ilegítima, basada en “hechos falsos” y “con una clara finalidad política”.

La medida, impulsada por el inspector Daniel Vítolo, surgió tras denunciar “graves irregularidades” y la supuesta falta de información contable sobre el destino de millones de dólares, además de cuestionar la validez del nuevo domicilio legal en la provincia de Buenos Aires, al cual calificaron como una “sede social falsa”.

Según el organismo de control, esta veeduría busca verificar la documentación financiera sin que ello implique, por el momento, una intervención o sanción directa contra la asociación.

En respuesta, la AFA emitió un duro comunicado oficial donde rechazó tajantemente la medida y anunció acciones legales. La entidad sostuvo de manera textual: “La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”. Y la nota concluyó con una declaración de principios sobre la autonomía de los clubes: “Señor Inspector General de Justicia, si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera? ¿Por qué habla de ‘graves irregularidades’ si, según sus propios términos, sólo está recolectando información? La respuesta es sencilla: porque no es una medida técnica, es una operación política. Y las operaciones políticas no resisten el control judicial. Quieren que seas cliente. Pero sos parte. Quieren que seas espectador. Pero sos protagonista. Porque sin vos no hay clubes. Sin vos no hay historia. Sin vos no hay fútbol. El fútbol argentino es del pueblo. Y el pueblo no se vende“.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado este jueves —firmado por su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia— en el que calificó la reciente veeduría dispuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ) como una medida ilegítima, basada en “hechos falsos” y “con una clara finalidad política”.

La medida, impulsada por el inspector Daniel Vítolo, surgió tras denunciar “graves irregularidades” y la supuesta falta de información contable sobre el destino de millones de dólares, además de cuestionar la validez del nuevo domicilio legal en la provincia de Buenos Aires, al cual calificaron como una “sede social falsa”.

Según el organismo de control, esta veeduría busca verificar la documentación financiera sin que ello implique, por el momento, una intervención o sanción directa contra la asociación.

En respuesta, la AFA emitió un duro comunicado oficial donde rechazó tajantemente la medida y anunció acciones legales. La entidad sostuvo de manera textual: “La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”. Y la nota concluyó con una declaración de principios sobre la autonomía de los clubes: “Señor Inspector General de Justicia, si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera? ¿Por qué habla de ‘graves irregularidades’ si, según sus propios términos, sólo está recolectando información? La respuesta es sencilla: porque no es una medida técnica, es una operación política. Y las operaciones políticas no resisten el control judicial. Quieren que seas cliente. Pero sos parte. Quieren que seas espectador. Pero sos protagonista. Porque sin vos no hay clubes. Sin vos no hay historia. Sin vos no hay fútbol. El fútbol argentino es del pueblo. Y el pueblo no se vende“.

En la publicación, la asociación cuestionó el carácter de la veeduría a la que buscan someterla y la trató de una “contradicción”. “Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se funda en ‘graves irregularidades’? Si fueran graves, la IGJ tendría la obligación legal de aplicar sanciones, pero no lo hace. ¿De qué ‘gravedad’ estamos hablando?“, acusó.

FUENTE: lanacion