Cayó el presunto líder de la red de estafas por viviendas del IPV

La detención de un nuevo sospechoso reaviva la causa que ya suma decenas de víctimas. La Justicia lo señala como posible cabecilla de una maniobra millonaria que no dejó de crecer.

La investigación por las estafas vinculadas a la venta fraudulenta de carpetas de viviendas del IPV sumó un nuevo capítulo con la detención de Víctor Andrés Suizer, apuntado ahora como el presunto jefe de la organización. El arresto fue ordenado por la fiscalía especializada tras detectar su participación clave en las maniobras que, desde 2025, acumulan al menos 52 hechos denunciados.

El caso salió a la luz en abril del año pasado, cuando comenzaron a presentarse denuncias contra Karen Heredia y el pastor evangélico Alberto Carlos Balmaceda. Ambos fueron acusados de engañar a fieles con la promesa de facilitar el acceso a viviendas a cambio de dinero. La causa avanzó rápidamente: Heredia fue vinculada a más de 40 estafas, mientras que Balmaceda fue señalado como partícipe secundario en al menos 18 hechos.

Con el avance del proceso judicial, los dos principales acusados lograron acuerdos de reparación económica con las víctimas, lo que les permitió recuperar la libertad. Sin embargo, lejos de cerrarse, la investigación continuó creciendo a partir de nuevas denuncias que ampliaron el alcance del fraude y sumaron más damnificados.

En ese contexto surgieron otros nombres. Un grupo de mujeres que se presentaban como colaboradoras de la maniobra habría continuado captando víctimas incluso después de que el escándalo se hiciera público. Mediante grupos de WhatsApp, ofrecían supuestas carpetas del IPV y lograron nuevas transferencias por montos elevados antes de cortar todo contacto.

Las pericias realizadas por los investigadores fueron determinantes para identificar a Suizer. El análisis de teléfonos y movimientos bancarios reveló que mantenía contacto directo con Heredia desde el inicio y que habría recibido una parte significativa del dinero recaudado, cercana a los 9 millones de pesos. Además, algunos de los dispositivos utilizados en las maniobras estaban registrados a su nombre o al de su entorno familiar.

Con estos elementos, la fiscalía lo imputó por múltiples hechos de estafa y solicitó prisión preventiva, aunque bajo la modalidad domiciliaria. El juez interviniente avaló la acusación, pero fijó un plazo menor al pedido por los fiscales, lo que generó tensiones durante la audiencia.

La causa, que parecía encaminarse a su cierre tras los acuerdos iniciales, vuelve así a cobrar impulso con nuevos implicados y un entramado que, según los investigadores, podría ser más amplio de lo que se creía en un principio.