Causa Vialidad: Cristina y el resto de los condenados no pagaron los USD 537 millones pero la Justicia ya analiza suspender el decomiso

Ninguno de los nueve condenados en la causa de Vialidad entregó hoy la totalidad o parte de los $684 mil millones (unos 537 millones de dólares) que se estableció como decomiso de la maniobra fraudulenta. Así, el Tribunal Oral Federal 2 quedó en condiciones de avanzar con el remate de los bienes de los condenados.

Los jueces deben resolver el pedido de la ex presidenta Cristina Kirchner para que se suspenda el decomiso, se establezca un nuevo monto y que el caso pase a la justicia civil y comercial federal.

Hoy a las 9:30 horas venció el plazo de 10 días hábiles que el tribunal oral les había dado a los nueve condenados para cumplir con el decomiso. Fuentes judiciales informaron a Infobae que ninguno de ellos hizo el pago ni realizó otro tipo de presentaciones. Entre ellos están, el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz.

Con el plazo vencido, el tribunal quedó en condiciones de avanzar con el remate de los bienes que están a su nombre para avanzar con el recupero del dinero, una de las claves de la condena en las causas de corrupción.

La única presentación de los condenados la hizo la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi. Fue ayer, un día antes del vencimiento del plazo.

La ex mandataria pidió la suspensión del decomiso. Para la defensa, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que elaboraron un listado de sus bienes y los de sus hijos, al igual que los de Báez y el resto de los otros condenados a los efectos de ser ejecutados si incumplen la orden de pagar, “omitieron llevar a cabo una investigación patrimonial que permita probar, con el grado de certeza necesario para imponer una sanción penal, cuáles son los bienes que son encuadrables bajo la tipología prevista en el art. 23 del Código Penal”.

Y precisó: “La conducta de los fiscales impidió que en la sentencia se llevara a cabo una determinación precisa de cuáles son los bienes que pretenden ser decomisados, por haberse probado que constituyen los instrumentos, el producto o el provecho del delito por el que se dictó condena”.

“No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables. En otras palabras, no tengo bienes que sirvan a esos fines y que consecuentemente puedan ser ejecutados», agregó la ex presidenta.

Y concluyó: “Lejos de ello, toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima“.

El Tribunal Oral Federal 2 comenzó a revisar el recurso presentado el martes por Cristina Kirchner que busca dejar sin efecto la orden de ejecución de sus bienes impuesta en la condena de la causa Vialidad.

En su presentación, la expresidenta volvió a cuestionar el método utilizado por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema para calcular el monto a devolver.

Al respecto, Cristina Kirchner sostuvo que dicha cifra “se tomó como definitiva sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”. Y amplió: “No tengo bienes que sirvan a esos fines y que, consecuentemente, puedan ser ejecutados, tal como se desprende de la intimación que aquí respondo”.

En ese marco, reiteró: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende, sean decomisables”.

La titular del PJ, que cumple su condena en prisión domiciliaria, dijo que su evolución patrimonial “resulta absolutamente legítima”, del mismo modo que “la del resto de la familia Kirchner”. “Esta afirmación no es una elucubración defensista -aclaró-, sino se sustenta en pronunciamientos judiciales pasados en autoridad de cosa juzgada”.

En el escrito presentado ante Casación, la defensa centró su argumento en que los peritos utilizaron el método sin justificar por qué eligieron calcular con el índice de precios al consumidor del INDEC y no, por caso, con tasas bancarias. La suma se torna “técnicamente inadecuada, genera valores artificialmente altos y es contraria a precedentes”, aseveró Beraldi en su escrito.

También recordó que la Justicia utilizó la tasa pasiva del BNA en los expedientes ligados a Vialidad, como Hotesur-Los Sauces. “En este caso, arrojaría cifras 100 veces menores”, por lo que, según su óptica, no existen motivos para apartarse de dicho cálculo. Es por eso, añade el documento, que debe suspenderse la medida “hasta que haya sentencia firme sobre el monto”.

Todo lo expuesto representa un trato “desigual y arbitrario”, aseguró CFK. Además, adelantó que -de considerarlo necesario- recurrirá a la Corte Suprema y a “organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos” para revertir la medida.

Hasta hoy a las 9:30, plazo límite, los implicados no habían pagado el decomiso de $648.000 millones impuesto por el Tribunal Oral Federal 2.