Calingasta: la justicia allanó la comuna por presunta estafa con cobro de becas

 El fiscal Adrián Riveros de la UFI Delitos Especiales, secuestraron material para determinar la presunta falsificación de un instrumento público por posible fraude.

La UFI de Delitos Especiales investiga a un empleado de planta política Jorge Cortéz, que sería el responsable de la Unidad Intendencia de jefe comunal Jorge Castañeda por posible fraude con el cobro de becas. El hecho fue descubiertó ante la denuncia de un comerciante de apellido Linares que iba a inscribirse como proveedor de la Comuna, pero en el sistema figuraba como beneficiario de una beca que había cobrado en junio y julio, por lo cual no podía registrase. Linares, responsabiliza a Jorge Cortéz de este proceder.

Riveros con su equipo estuvo en el municipio de Calingasta, en el Concejo Deliberante donde tomaron declaraciones y registros contables que estaban en poder del Concejo en función de fiscalizar, de auditar todos esos procedimientos. Tomaron declaraciones testimoniales durante el sábado. Todo este material se esta analizando para establecer la audiencia de formalización.

El fiscal Adrián Tiveros explico:»Se practicó esta medida en virtud de una denuncia revistada por una persona, el ciudadano Linares, que daba cuenta de que se había presentado en el municipio y que conforme a los registros del municipio, él estaría siendo beneficiado de un sistema municipal de beca»,

Riveros aclaró: «Hemos secuestrado material, el intendente colaboró , hizo entrega voluntaria de todo lo que se solicitó. Hemos secuestrado de estos meses y también de años anteriores para verificar si existe una maniobra en este sentido. Entendíamos que primero era tratar de incorporar los elementos de convicción, para determinar si existe un posible delito contra el Estado, que es nuestra competencia. En ese caso, en la estafa o los fraudes contra la administración pública va un ardid o engaño que puede ser una falsificación de un instrumento público, en este caso, como ardid para obtener el objetivo que es el perjuicio al Estado, al fisco. En virtud de ello, es lo que estamos tratando de establecer si existe esa maniobra. Por un lado, obviamente, la falsificación de algún instrumento público, y por otro lado, como una maniobra que tiene por objetivo obtener un beneficio económico y un perjuicio para las arcas del Estado, donde puede configurarse el fraude. Es lo que estamos tratando de determinar».