Amplían la denuncia por el Acueducto Gran Tulum y aportan un informe técnico clave sobre la obra

Un nuevo escrito judicial incorpora documentación elaborada durante la construcción del acueducto que advertiría sobre observaciones técnicas en las cañerías. La presentación busca determinar quiénes conocían esos antecedentes y qué medidas se adoptaron.

La investigación judicial vinculada a la construcción del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo elemento de análisis. Según confirmó a Diario La Ventana, el abogado Marcelo Arancibia, presentó una ampliación de la denuncia por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto.

Según explicó el letrado, la nueva presentación incorpora un informe técnico fechado el 24 de junio de 2020, elaborado por la empresa Industrias Metalúrgicas Jaime mientras la obra se encontraba en pleno desarrollo. Según el denunciante, ese documento contiene observaciones sobre los procedimientos aplicados en la unión de caños de polietileno de alta densidad (PEAD), materiales utilizados en distintos sectores del acueducto destinado a fortalecer el suministro de agua potable en el Gran San Juan.

De acuerdo con el planteo judicial, las conclusiones técnicas registradas en aquel momento podrían haber anticipado posibles inconvenientes relacionados con la calidad y el desempeño de la infraestructura. En ese sentido, Arancibia considera necesario establecer qué funcionarios, inspectores y responsables del proyecto tuvieron acceso a esa información y cuáles fueron las decisiones adoptadas posteriormente.

La ampliación de la denuncia sostiene que el informe surgió a partir de inspecciones realizadas durante la ejecución de la obra y que en ellas participaron representantes de la empresa constructora MAPAL S.A., personal de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y especialistas técnicos. Por ese motivo, se presume que las observaciones fueron conocidas mientras los trabajos aún estaban en marcha.

Según la presentación, el eje de la investigación ya no se limita a verificar si los materiales empleados cumplían con las exigencias técnicas establecidas, sino también a determinar si existían advertencias previas sobre eventuales deficiencias y si, pese a ello, la obra continuó siendo ejecutada, certificada y financiada.

El escrito remarca que la relevancia del caso radica en que las observaciones no habrían surgido una vez concluido el proyecto, sino durante su construcción. A partir de esa hipótesis, la Justicia deberá analizar si existieron omisiones, falta de actuación ante los informes técnicos o decisiones administrativas adoptadas a pesar de contar con alertas formales.

Con la incorporación de esta documentación, el denunciante solicitó profundizar la investigación sobre posibles delitos contra la administración pública, entre ellos administración fraudulenta agravada, incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de fondos, entre otras figuras que podrían evaluarse durante el avance de la causa.

El informe ahora incorporado al expediente detalla características de los caños utilizados, los procedimientos de electrofusión aplicados y los controles efectuados sobre las uniones. Para la parte denunciante, esos antecedentes permitirán reconstruir el circuito de información técnica que manejaron los responsables del proyecto.

La investigación buscará establecer si las observaciones detectadas durante la ejecución de la obra tuvieron impacto en decisiones posteriores y si ello pudo generar algún tipo de perjuicio para el Estado en una de las obras hídricas más significativas realizadas en San Juan en las últimas décadas.