Acusan a enfermero por robo de analgésicos

La Justicia investiga la desaparición de 55 ampollas de un potente opioide en el Hospital Rawson. El sospechoso habría utilizado su acceso biométrico para vulnerar el sistema de control de medicamentos.

Un enfermero del Hospital Rawson fue imputado por la presunta sustracción de 55 ampollas de tramadol, un analgésico opioide de alto poder adictivo, en una causa que expone presuntas fallas y vulnerabilidades en los mecanismos de control de medicamentos del principal centro de salud de la provincia.

El acusado, Andrés Figueroa, quien se desempeña en el área de Terapia Intensiva de Adultos desde 2020, quedó bajo investigación por una maniobra que habría ocurrido entre mediados de marzo y el 23 de abril de 2026, luego de reincorporarse a sus funciones tras una licencia médica.

Según la investigación impulsada por la UFI Delitos Especiales N.º 6, el enfermero habría aprovechado su acceso autorizado al sistema automatizado PIXIS, utilizado para la administración y control de medicamentos, para retirar ampollas de tramadol y posteriormente modificar o cancelar los registros informáticos de las operaciones.

De acuerdo con la jefa de Farmacia del hospital, el sistema funciona mediante un armario automatizado al que sólo puede acceder personal habilitado mediante huella digital. La maniobra habría generado una diferencia entre el stock físico y el stock virtual de medicamentos, dificultando la detección inmediata del faltante.

La pesquisa determinó que durante el período investigado sólo dos pacientes tenían prescripción médica para recibir tramadol. Sin embargo, las 55 ampollas desaparecidas no fueron registradas como parte de esos tratamientos, lo que reforzó las sospechas sobre una extracción irregular.

La situación salió a la luz cuando un compañero de trabajo observó hematomas y marcas de inyecciones en los brazos del enfermero y solicitó una revisión de los movimientos registrados en el sistema. El informe posterior confirmó inconsistencias en el manejo del medicamento.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell solicitaron la imputación por el delito de peculado y un plazo de seis meses de investigación. Por su parte, la querella, representada por Gabriel Sanz en nombre de Fiscalía de Estado, planteó además la posible configuración de una estafa, al considerar que el destino de la medicación podría haber excedido el consumo personal.

La defensa rechazó las acusaciones y negó que Figueroa haya consumido o sustraído el medicamento. Además, solicitó una pericia toxicológica para descartar cualquier vinculación con el uso de la sustancia, medida que fue aceptada por la jueza de Garantías Carolina Parra.

Uno de los puntos más relevantes de la audiencia fue la advertencia de la magistrada al Ministerio Público Fiscal por la falta de solicitud de medidas cautelares más estrictas. La jueza señaló que el imputado continúa trabajando en el Hospital Rawson, aunque en otra dependencia, situación que podría representar un riesgo para la investigación debido a la posibilidad de influir sobre potenciales testigos.

Mientras avanza la causa, la Justicia deberá determinar si la sustracción de los medicamentos tuvo como finalidad el consumo personal o si existió una eventual comercialización de las ampollas sustraídas. La resolución de ese punto será clave para definir la gravedad de los delitos que finalmente se le atribuyan al imputado.