Acueducto Gran Tulum: la fiscalía pedirá más tiempo para profundizar la investigación

La causa por presuntas irregularidades en la megaobra hídrica entra en una etapa clave. Los fiscales buscan ampliar la recolección de pruebas antes de definir si avanzan con imputaciones formales.

La investigación judicial que analiza posibles hechos de corrupción vinculados a la construcción del acueducto Gran Tulum se encamina a cumplir los primeros 90 días hábiles establecidos por el sistema acusatorio. En ese contexto, los fiscales Sebastián Gómez y Federico Pizarro solicitarán extender el plazo de investigación por otros tres meses para continuar reuniendo pruebas y avanzar sobre distintas medidas pendientes dentro del expediente.

La causa, que está en manos de la UFI de Delitos Especiales, se convirtió en uno de los expedientes de mayor impacto político y administrativo en San Juan debido a la magnitud económica de la obra y al volumen de documentación que actualmente es analizado por la Justicia. Según fuentes cercanas al proceso, la complejidad técnica del proyecto obligó a los investigadores a requerir más tiempo antes de determinar si existen elementos suficientes para formular imputaciones o si, por el contrario, el caso terminará archivado.

Concluida esta nueva prórroga, el Ministerio Público Fiscal deberá resolver si convoca a una audiencia de Investigación Penal Preparatoria (IPP), instancia en la que se formalizan las acusaciones y se notifican los delitos investigados a los posibles implicados. En caso de no hallarse pruebas contundentes, la causa podría ser desestimada.

Ante la dimensión del expediente, el fiscal general Guillermo Baigorrí decidió reforzar el equipo encargado de la investigación incorporando dos fiscales adicionales y cuatro ayudantes fiscales que trabajan exclusivamente en el análisis de la documentación relacionada con la licitación y ejecución del acueducto.

La denuncia que dio origen al caso fue presentada el 9 de diciembre por Marcelo Arancibia, quien solicitó investigar presuntas irregularidades en contrataciones estatales vinculadas a la obra hídrica. Aunque la presentación no identificó responsables concretos, sí apuntó a determinar una eventual responsabilidad penal de funcionarios que integraron la administración provincial entre 2019 y 2023, durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac.

Mientras tanto, los fiscales continúan recopilando información técnica, contable y administrativa para definir los próximos pasos de la investigación.

Desde el Gobierno provincial estiman que las pérdidas derivadas de los 10 kilómetros de cañerías que debieron retirarse rondan los 50 millones de dólares. El cálculo surge del financiamiento total previsto para la obra, que ascendía a US$200 millones.

El proyecto había sido financiado en partes iguales: la mitad mediante créditos internacionales provenientes de Kuwait y Australia y el resto con aportes del Estado nacional. De acuerdo con información que trascendió en el marco de la investigación, los primeros trabajos se ejecutaron con fondos nacionales, utilizados principalmente para instalar los caños que posteriormente tuvieron que ser removidos.