Acueducto Gran Tulum: el Fiscal confirmó pericias sobre los caños y no descarta delitos contra la salud pública

Luego de que un informe advirtiera que los materiales adquiridos no serían aptos para transportar agua potable, la Fiscalía confirmó que la causa sigue en investigación y se buscará corroborar lo que dice el informe.

El fiscal Sebastián Gómez, a cargo de la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de caños para la obra del Acueducto Gran Tulum, confirmó que la investigación continuará tras la aparición de un informe interno que advertiría que las cañerías adquiridas no serían aptas para el transporte de agua potable.

Según se conoció en las últimas horas, el documento que fue elaborado por OSSE durante la última gestión de Uñac y que señala que los caños utilizados corresponden a tuberías destinadas a desagües, fabricadas con componentes químicos que podrían resultar perjudiciales para la salud humana. El informe indica además que estos materiales no serían adecuados para conducir agua destinada al consumo, lo que habría motivado en su momento la paralización de la obra, aunque esa información no había trascendido públicamente hasta ahora.

En declaraciones a la prensa, Gómez explicó que la Fiscalía tomó conocimiento reciente del informe y que ya comenzó a recibir documentación oficial enviada por el Gobierno para su análisis. El funcionario judicial indicó que el material será evaluado por el equipo técnico que trabaja en el expediente.

El fiscal aclaró que, por el momento, no se pueden sacar conclusiones ni avanzar con imputaciones, debido a que se trata de una investigación compleja y de carácter técnico. En ese sentido, remarcó que un informe por sí solo no alcanza para determinar responsabilidades penales y que será necesario realizar pericias que permitan verificar si las cañerías cumplen o no con las condiciones requeridas.

Gómez señaló que el primer paso será confirmar la autenticidad y el contenido de la documentación recibida. Posteriormente, se ordenarán estudios técnicos para determinar si existieron irregularidades en la compra de los materiales o en la ejecución del proyecto.

Consultado sobre la posibilidad de realizar allanamientos o secuestrar dispositivos electrónicos, el fiscal se mostró cauto y sostuvo que aún no están dadas las condiciones para ese tipo de medidas. Explicó que primero debe comprobarse la existencia de un hecho ilícito y recién después establecer quiénes podrían ser los responsables.

El representante del Ministerio Público también advirtió que la causa demandará tiempo, ya que no solo se analiza la ejecución de la obra, sino también las etapas previas, incluyendo el proceso licitatorio y administrativo.

Finalmente, no descartó que, si se confirman las irregularidades mencionadas en el informe, la investigación pueda avanzar hacia figuras penales más graves, incluso relacionadas con un posible riesgo para la salud pública. No obstante, insistió en que cualquier definición dependerá de los resultados de las pericias y del análisis integral de toda la prueba reunida.