Abogado acusado de trata, fue beneficiado con prisión domiciliaria

.Gustavo De la Fuente, transita el juicio en libertad, tras informes médicos y periciales, presentados por su defensa.

El abogado penalista sanjuanino Gustavo De la Fuente, uno de los principales imputados en el juicio oral por trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria tras una resolución del Tribunal Oral Federal que encabeza el juez Daniel Doffo.

La medida fue adoptada luego de un pedido presentado por su defensa, integrada por los abogados Fernando Castro y Olivera Legleu, quienes argumentaron que el estado de salud del acusado requería condiciones de tratamiento incompatibles con el régimen de detención en el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas.

Según consta en el expediente, informes elaborados por profesionales de psiquiatría, psicología y el Servicio Forense de la Nación coincidieron en que el penal no era el ámbito más adecuado para la continuidad del tratamiento médico del imputado. Los especialistas recomendaron que permanezca en un entorno familiar para preservar su equilibrio psicofísico.

A partir de esas conclusiones, el tribunal dispuso que De la Fuente continúe sometido al proceso judicial bajo arresto domiciliario. Su esposa fue designada como tutora legal, responsable de garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia.

El abogado permanecía detenido con prisión preventiva desde julio de 2024, acusado de ser coautor del delito de trata de personas agravada por la situación de vulnerabilidad de las víctimas. En la misma causa también está imputado el ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo, quien ya cumplía prisión domiciliaria.

La investigación se centra en el funcionamiento de la agencia de modelaje Belle Argentina, señalada por la fiscalía como una estructura destinada a captar mujeres para realizar transmisiones en plataformas internacionales de contenido para adultos. Según la acusación, al menos 37 mujeres fueron identificadas durante la investigación.

Los fiscales Fernando Alcaraz y María Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), sostienen que los imputados retenían el 50% de las ganancias generadas por las transmisiones y se habrían aprovechado de situaciones de vulnerabilidad económica y social para obtener beneficios económicos.

La defensa, en cambio, rechaza las acusaciones y sostiene que las pruebas presentadas son insuficientes para acreditar la existencia del delito. Además, cuestiona la falta de una regulación específica para la actividad vinculada a plataformas webcam en Argentina.

La causa transita ahora una etapa decisiva. Este jueves se desarrollarán los alegatos finales y posteriormente el Tribunal Oral Federal deberá emitir su veredicto. La resolución determinará si los acusados son condenados o absueltos en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión que actualmente se desarrollan en la Justicia Federal de San Juan.

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