Investigan venta ilegal de uniformes policiales por seguridad

Desde la Subsecretaría de Control de Gestión advirtieron que la venta sin controles de indumentaria policial y penitenciaria en plataformas digitales facilita el acceso de delincuentes a prendas oficiales. Las actuaciones buscan frenar una práctica que consideran preocupante.

La Subsecretaría de Control de Gestión de la Policía de San Juan puso en marcha una serie de investigaciones para determinar el alcance de la venta irregular de uniformes policiales y penitenciarios, una situación que genera inquietud por las posibles consecuencias en materia de seguridad pública.

El subsecretario del área, Damián Villavicencio, explicó que la preocupación radica en la facilidad con la que personas ajenas a las fuerzas de seguridad pueden acceder a este tipo de indumentaria, la cual en algunos casos es utilizada para cometer delitos o engañar a ciudadanos durante hechos delictivos.

Según detalló el funcionario, en la provincia existen únicamente tres comercios autorizados para comercializar uniformes destinados a efectivos policiales y del Servicio Penitenciario. Estos establecimientos están obligados a exigir la credencial correspondiente como requisito indispensable para concretar cualquier venta.

Villavicencio señaló que desde la Subsecretaría se realizan controles permanentes sobre esos locales y aseguró que el cumplimiento de la normativa es supervisado de manera estricta para evitar irregularidades.

No obstante, indicó que la principal dificultad surge con la comercialización a través de plataformas digitales y redes de venta online. De acuerdo con lo expuesto, muchos de estos vendedores ofrecen las prendas a precios más bajos y sin requerir documentación que acredite la pertenencia a una fuerza de seguridad.

“El problema es que esa ropa termina llegando a personas que no deberían tener acceso a ella”, sostuvo el funcionario, quien además remarcó que resulta complejo identificar y controlar a quienes realizan estas operaciones a través de internet.

Ante este escenario, las autoridades continúan con las actuaciones e investigaciones correspondientes con el objetivo de limitar la circulación irregular de uniformes oficiales y reducir los riesgos que ello implica para la comunidad.