Así lo determinó la Asamblea Nacional en un debate que se le realizó en medio de una huelga de hambre de un grupo de mujeres que exigen la liberación de sus familiares detenidos.
La Asamblea Nacional de Venezuela retomó este jueves el debate sobre el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa presentada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en medio de una creciente presión social y política por la liberación de los presos políticos. El reinicio de la discusión ocurre en un clima cargado de tensión, marcado principalmente por la huelga de hambre iniciada por un grupo de mujeres que exigen la excarcelación inmediata de sus familiares detenidos por motivos políticos.
El proyecto había sido aprobado en primera discusión dos semanas antes y, desde entonces, los legisladores sostuvieron reuniones con organizaciones de la sociedad civil, ONG y familiares de presos políticos con el objetivo de revisar el borrador y recoger observaciones. Uno de los puntos más comentados es que la ley podría beneficiar a detenidos desde 1999, un período que abarca los 27 años del chavismo. Entre los posibles beneficiarios se encuentran dos ciudadanos argentinos: el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.
Sin embargo, la aprobación final se encuentra estancada debido a discrepancias en torno a artículos clave, especialmente uno que exige que las personas alcanzadas por la amnistía deban presentarse ante los tribunales para acogerse al beneficio. La ONG Acceso a la Justicia ha cuestionado esta cláusula, argumentando que contradice la naturaleza de la amnistía y presupone responsabilidad penal. La organización también advierte sobre un “conflicto de intereses”, ya que la ejecución de la ley recaería en tribunales y en la Fiscalía, instituciones señaladas por su participación en prácticas de represión masiva, según informes previos de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.
Otro cuestionamiento importante es la limitación temporal incluida en el artículo 6, que acota los efectos de la ley a diez períodos específicos de agitación política, desde el golpe de Estado de abril de 2002 hasta las protestas posteriores a la polémica elección presidencial del 28 de julio de 2024. Esta restricción dejaría fuera numerosas detenciones consideradas políticas por familiares y organizaciones de derechos humanos.