Un interno volvió a desafiar a la Justicia: otra vez se negó al traslado y debieron llevarlo por la fuerza

El interno, que cumple una condena de más de 11 años, se negó en reiteradas oportunidades a ser trasladado para participar de una audiencia. La Fiscalía amplió la investigación por nuevos episodios de violencia y daños dentro del Servicio Penitenciario.

Axel Hernán Rojas volvió a protagonizar un episodio de tensión en el marco de una causa judicial que acumula distintos hechos de violencia y daños. El interno, alojado en el Servicio Penitenciario de Chimbas, se negó a cumplir las órdenes para participar de una nueva audiencia y finalmente tuvo que ser trasladado por la fuerza pública hasta la sala de videoconferencias.

El conflicto comenzó antes de que se iniciara la instancia judicial. Rojas debía ser llevado desde el penal hasta Tribunales, pero se negó a abandonar su celda. Frente a esta situación, la fiscal Daniela Pringles pidió al juez Alberto Caballero que dispusiera su traslado con intervención de la fuerza pública.

El magistrado optó inicialmente por una alternativa y resolvió que el acusado participara de manera remota mediante Zoom. Sin embargo, la medida tampoco resultó suficiente. Diez minutos antes del horario previsto para la audiencia, un acta de novedad dejó constancia de que Rojas tampoco quería salir de su celda para dirigirse a la sala de videoconferencias del establecimiento penitenciario.

Ante ese nuevo incumplimiento, Caballero ordenó finalmente que el interno fuera llevado por la fuerza hasta el lugar desde donde debía participar de la audiencia. El procedimiento se extendió durante aproximadamente una hora y media, hasta que finalmente pudo concretarse la instancia judicial.

Una vez iniciada la audiencia, el Ministerio Público Fiscal avanzó con la ampliación de la investigación que ya pesaba sobre Rojas por un episodio de violencia contra un funcionario penitenciario que tenía a su cargo su custodia.

A esa situación se suma otro expediente en el que el interno está acusado de haber provocado daños en las cámaras de seguridad del penal. Según la investigación, habría utilizado un palo para destruir los dispositivos.

Con estos nuevos elementos, la Fiscalía formalizó la ampliación de la investigación y solicitó extender el plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), con el objetivo de continuar incorporando pruebas y avanzar con las distintas medidas pendientes.

Un historial de episodios violentos

Rojas ya había protagonizado un fuerte incidente durante una audiencia judicial realizada en marzo. En aquella oportunidad, luego de manifestar su disconformidad con la postura del fiscal José Plaza, intentó acercarse para agredirlo. La intervención inmediata de un efectivo policial evitó que llegara hasta el funcionario.

Tras ese episodio, el interno golpeó un televisor ubicado dentro de la sala de audiencias y lo destruyó de un puñetazo. El hecho derivó posteriormente en una nueva investigación por daños.

Meses después, el 20 de junio, protagonizó otro episodio dentro del Servicio Penitenciario. En ese caso, se encontraba alojado en el sector de Sanidad y había solicitado autorización para utilizar el baño. Una vez allí, comenzó a provocar destrozos: rompió un lavamanos y un inodoro de porcelana, arrancó un ventilador del techo y dañó una estufa.

La situación se agravó cuando los agentes penitenciarios intentaron reducirlo y llevarlo nuevamente a su celda. De acuerdo con la investigación, Rojas tomó un palo de escoba, lo partió y utilizó una de las partes para atacar a los uniformados.

Como consecuencia del enfrentamiento, el subayudante Rodrigo Vargas sufrió una lesión en el ojo derecho, mientras que el subayudante Esteban Palma recibió un golpe de puño en la nariz.

Por ese episodio, la Fiscalía le atribuyó los delitos de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra integrantes de las fuerzas de seguridad y daño agravado, ambos en concurso real. Con la nueva audiencia, esa imputación fue ampliada.

Actualmente, Rojas cumple una condena de 11 años, 2 meses y 15 días de prisión efectiva, pena que fue unificada con condenas anteriores.

Su historial reciente también incluye una condena dictada en agosto de 2025, cuando recibió tres meses de prisión efectiva por destruir un teléfono celular destinado a la comunicación de los internos con sus familiares. Esa pena terminó siendo unificada con las condenas que ya cumplía.

Así, mientras permanece privado de su libertad, Rojas continúa sumando expedientes y nuevas acusaciones vinculadas con episodios de violencia y daños ocurridos tanto durante instancias judiciales como dentro del propio Servicio Penitenciario.