Textiles: la Justicia embarga bienes por más de mil millones en una causa que no deja de crecer

La Justicia fijó retenciones patrimoniales por más de mil millones de pesos al jefe sindical de los textiles y dos empresarios de la construcción, en medio de una causa que ya acumula cerca de 70 denuncias.

La jueza de Garantías que interviene en la causa por presuntas estafas en la venta de terrenos para barrios que nunca se construyeron resolvió aplicar embargos multimillonarios sobre los bienes del gremialista Hipólito Roberto Vega y los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Aciar. La medida busca preservar el proceso judicial y establecer el alcance del daño económico que habrían causado.

Los montos fijados son contundentes: $470 millones para Vega, $470 millones para Fernández y $90 millones para Aciar. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación advirtieron que la cifra podría ser aún mayor, ya que continúan sumándose denuncias.

Los tres imputados permanecen detenidos con prisión preventiva, prorrogada recientemente por 30 días más debido a la complejidad del expediente y la incorporación de nuevas víctimas. El fiscal de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, Duilio Ejarque, amplió la acusación tras recibir más testimonios y pruebas.

La causa se originó por la supuesta venta irregular de terrenos en los barrios Los Nogales VII y Textil II, que nunca fueron construidos. Los acusados habrían recibido dinero por lotes que no estaban habilitados ni en su poder, omitiendo información clave a los adjudicatarios y violando los contratos firmados.

Hasta el momento, se contabilizan cerca de 70 denuncias, aunque el número sigue creciendo. En la última audiencia, se sumaron 10 nuevas acusaciones, lo que refuerza la hipótesis del Ministerio Público sobre una maniobra sistemática de estafa.

Durante la audiencia de formalización, Vega y Fernández intentaron deslindar responsabilidades y apuntaron contra Aciar, asegurando que actuaron “para el bien de la gente” y que confiaban en la legalidad del proyecto. No obstante, la jueza Celia Maldonado ratificó la prisión preventiva y avanzó con los embargos, tras recibir requerimientos formales de los bancos para establecer los montos estimativos.

La investigación sigue su curso y, con cada nueva denuncia, se agrava el escenario judicial para los tres imputados. Mientras tanto, decenas de familias esperan respuestas y la posibilidad de recuperar lo perdido.