Revés judicial para Cristina Kirchner

La Cámara de Casación rechazó un recurso extraordinario que habían pedido las defensas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el empresario Lázaro Báez para impedir la realización del juicio por la causa que investiga el presunto lavado de dinero con negocios hoteleros, causa conocida como «Hotesur – Los Sauces».

De esta manera, sólo les quedaría la opción de elevar la apelación hasta el máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia, que se encuentra en alta tensión con el oficialismo.

La decisión la tomaron los camaristas Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Javier Carbajo, que de esta manera dejan el terreno preparado para el juicio oral.

«Que la decisión a cuyo reexamen por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aspira no puede autorizarse, ya que lo resuelto por esta Sala I no constituye sentencia definitiva ni puede considerarse equiparable a tal, no pone fin al procedimiento, ni impide su continuación, ni demuestra la parte un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior», resolvieron los magistrados en su fallo.

«No se corresponde hacer lugar a la excepción de la doctrina de la arbitrariedad de la sentencia, por cuanto en atención al carácter restrictivo de su admisión, para que prospere la impugnación», agregaron los jueces, y concluyeron que «la parte recurrente ha basado sus impugnaciones en la reedición de planteos que han tenido adecuada respuesta».

Ayer, la vicepresidenta también había recibido un rechazo de parte de la justicia, pero en otra causa: el Memorándum de Entendimiento con Irán.

De esta manera, la Cámara de Casación que preside Mariano Borinsky, designó este jueves al juez José Michilini como el encargado de completar el tribunal que juzgará a Cristina Kirchner y el resto de los acusados.

Vale destacar que el juez sorteado rechazó el sobreseimiento de Cristina Kirchner el causa Dólar Futuro pero votó por el sobreseimiento en la causa del Memorándum con Irán.

Entre los acusados se encuentran por lavado están los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, a quienes se les acusa haber pagado alquileres a empresas de los Kirchner a cambio de beneficios que obtuvieron por contratos con el Estado.