Régimen Penal Juvenil: San Juan irá por una ley transitoria

El proyecto ingresó este martes a Diputados y será tratado en una sesión especial el próximo lunes. La Provincia descartó avanzar sólo con una acordada de la Corte para evitar planteos de nulidad y anticipó cambios en la estructura judicial.

El Ejecutivo provincial presentó este martes en la Cámara de Diputados el proyecto que establecerá un régimen transitorio para aplicar en San Juan el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, vigente desde el 5 de septiembre. La iniciativa será tratada en una sesión especial el próximo lunes.

La decisión modifica el camino que se analizaba inicialmente. La Corte de Justicia trabajaba en una acordada para adecuar provisoriamente el funcionamiento de los juzgados de menores, pero finalmente se resolvió llevar ese esquema a la Legislatura para darle fuerza de ley y reducir el riesgo de futuros planteos de nulidad.

El asesor Letrado del Gobierno, Alejandro Ferrari, explicó que existían dudas sobre la conveniencia de regular mediante una acordada judicial un procedimiento sensible como el destinado a adolescentes en conflicto con la ley penal.

“Se pensó que bien podía esa acordada que estaba en ciernes en el seno de la Corte darle fuerza de ley transitoria, provisoria, a través de la Cámara de Diputados”, señaló Ferrari.

La definición surgió después de reuniones entre representantes del Ejecutivo, la Corte de Justicia y el Ministerio Público Fiscal. La ley funcionará como un puente jurídico hasta la sanción del Código de Procedimiento Penal Juvenil definitivo, que todavía se encuentra en elaboración.

Uno de los argumentos centrales para llevar el régimen provisorio a Diputados es evitar que las defensas cuestionen judicialmente procedimientos sustentados únicamente en una decisión administrativa de la Corte. Con una ley, la Provincia busca otorgar mayor respaldo jurídico a las actuaciones que deberán realizarse durante la transición.

La reforma también obligará a revisar la estructura actual de la Justicia de Menores. El esquema proyectado elimina la Cámara de Apelaciones de Menores y prevé que los propios jueces especializados revisen las resoluciones adoptadas por otros magistrados del mismo fuero.

La dificultad aparece cuando una decisión debe ser tomada por un tribunal colegiado, porque su revisión también requiere la intervención de otro cuerpo integrado por varios jueces.

Actualmente San Juan cuenta con dos jueces específicos de menores en la Primera Circunscripción y dos magistrados multifuero en la Segunda. Estos últimos, según explicó Ferrari, no podrían continuar interviniendo en causas penales juveniles bajo el nuevo sistema debido al requisito de especialización.

Por ese motivo, el asesor Letrado estimó que será necesaria al menos la incorporación de un juez penal de menores para la Segunda Circunscripción y que la provincia podría requerir una estructura mínima de seis magistrados para garantizar adecuadamente las instancias de revisión.

La definición concreta sobre esas incorporaciones dependerá del Poder Judicial y de la reorganización interna que realice para adaptarse al nuevo régimen.

Otro de los puntos centrales es quién controlará las medidas alternativas a la privación de la libertad impuestas a adolescentes.

Mientras se completa la reforma, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia creó un área específica de Penal Juvenil y asignó dos profesionales para trabajar coordinadamente con los jueces. Su función será seguir la evolución de los adolescentes sometidos a estas medidas e informar al magistrado correspondiente sobre su cumplimiento.

Sin embargo, el esquema definitivo que analiza la Provincia va más allá: la intención es que el Poder Ejecutivo quede formalmente a cargo de supervisar las medidas alternativas, mientras que la decisión de imponerlas continuará siendo competencia exclusiva del juez.

“Lo ideal sería que sea el Gobierno de la provincia, el Poder Ejecutivo, quien tenga esta función de supervisor de las medidas alternativas que los jueces dispongan”, afirmó Ferrari.

De concretarse ese modelo, los magistrados definirán las medidas aplicables a cada adolescente y el Ejecutivo realizará el seguimiento, elaborará informes y comunicará a la Justicia la evolución de cada caso.

La sesión especial del próximo lunes será, por lo tanto, el primer paso legislativo de una reforma más amplia. La ley que tratarán los diputados no será el Código de Procedimiento Penal Juvenil definitivo, sino el instrumento destinado a cubrir la transición.

La etapa posterior será más compleja: deberá definir competencias, completar la estructura de jueces especializados, establecer los mecanismos de revisión de las decisiones y determinar definitivamente cómo se ejecutarán y controlarán las medidas alternativas. De esas decisiones dependerá la configuración del nuevo sistema penal juvenil de San Juan.