Reforma policial en San Juan: buscan eliminar sanciones desproporcionadas para agentes

Un proyecto legislativo propone modificar el régimen disciplinario vigente y limitar las inhabilitaciones laborales. La iniciativa ya obtuvo despacho favorable y avanza hacia su tratamiento definitivo en el recinto.

El oficialismo en la Cámara de Diputados de San Juan impulsa una modificación al régimen disciplinario policial con el objetivo de corregir sanciones consideradas excesivas. El diputado Juan de la Cruz Córdoba explicó que la normativa actual aplica un doble castigo a los efectivos, ya que a la suspensión laboral se suma automáticamente la prohibición de realizar servicios adicionales, incluso en casos de faltas menores.

La iniciativa, correspondiente al expediente 648, plantea cambios en el artículo 48 de la Ley Nº 298-R, incorporando criterios de razonabilidad y proporcionalidad. En la actualidad, cualquier suspensión aunque sea de un solo día, implica la inhabilitación para realizar adicionales durante seis meses, una medida que, según los fundamentos del proyecto, genera consecuencias desmedidas en relación con infracciones leves.

Entre los principales cuestionamientos se destaca el impacto económico que esta restricción tiene sobre los agentes, ya que los servicios adicionales forman parte de sus ingresos habituales. Además, la limitación también repercute en la operatividad de la fuerza, al reducir la disponibilidad de personal para tareas clave como vigilancia y seguridad.

La propuesta surgió a partir de inquietudes manifestadas por los propios efectivos policiales y fue canalizada a través de la Secretaría de Seguridad, buscando un equilibrio entre la disciplina institucional y los derechos laborales.

En una reunión conjunta de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Justicia y Seguridad, el proyecto recibió despacho favorable, marcando un avance significativo en su tratamiento. Del encuentro participaron legisladores de ambas comisiones junto al secretario de Seguridad, Enrique Delgado, quien expuso sobre la necesidad de actualizar una normativa que consideró desactualizada y perjudicial.

De cara a su aprobación definitiva, la iniciativa ya cuenta con estado parlamentario y será debatida próximamente en el recinto. Según lo planteado, el nuevo esquema prevé que solo las sanciones superiores a siete días impliquen restricciones para realizar adicionales, y en esos casos, el plazo se reduciría a 15 días, eliminando así la penalización de seis meses para infracciones leves.