Pontoriero sobre la Causa Expropiaciones: ‘Esto no es solo un caso de corrupción, es un daño a la Justicia misma’

Para el abogado querellante, el daño causado al Estado justifica una sentencia severa. “No hablamos solo de pérdida económica, sino de daño institucional”, aseguró en La Ventana. Mirá la nota completa.

El juicio de la “megacausa de expropiaciones” en San Juan, que investiga presuntos delitos de fraude millonario contra el Estado provincial, se encuentra en su etapa final. En ese marco, Rubén Pontoriero, abogado de la parte querellante, reflexionó sobre la gravedad de las irregularidades detectadas y la trascendencia del caso. “Este juicio lleva muchos años y estamos en los alegatos finales. El Ministerio Público ya hizo su pedido de penas importantes, y en nuestro caso, hemos solicitado penas incluso mayores”, afirmó Pontoriero en el programa La Ventana. También explicó que el daño ocasionado a la provincia va más allá del aspecto económico y afectó la confianza en las instituciones judiciales.

El pedido de condena, argumentó Pontoriero, se sustenta en nueve hechos consumados y cinco tentativas de delitos, lo que amerita, según él, una sanción acorde con la magnitud del daño causado. “La mínima eran 7 años y la máxima superaba los 60 años, así que no podíamos pedir penas de 10 o 15 años; era necesario guardar proporción con el perjuicio”, detalló, en alusión al impacto financiero y la erosión en la credibilidad del sistema judicial. “La justicia quedó en entredicho debido a la presunta complicidad de actores internos en esta asociación ilícita. Esto provoca un sentimiento de desasombro y descreimiento en toda la sociedad”, remarcó.

Durante el desarrollo de los alegatos, Pontoriero y su equipo se concentraron en presentar pruebas detalladas de cada imputado, basadas en documentos, fechas y firmas que, según él, sustentan las acusaciones. Aunque el abogado pidió sanciones severas para la mayoría de los implicados, reconoció la inocencia de tres miembros del Tribunal de Tasaciones, afirmando que no se pudo comprobar su participación directa. “Aun siendo querellantes, tenemos la obligación de actuar con objetividad y certeza de que el hecho ocurrió como se imputó”, explicó.

Respecto al impacto financiero, Pontoriero subraya que las indemnizaciones aprobadas en el pasado representarían hoy alrededor de 214 millones de dólares, cifra que sube a 254 millones si se suman los honorarios de abogados. A esta cifra, además, podría aplicarse un ajuste por tasa activa más un 8%, lo que generaría un costo abrumador para las finanzas provinciales. “En ese momento, las sentencias tenían valores extravagantes, y nuestra intención es mostrar al tribunal lo irrisorio que resultaban”, agregó.

Sobre la posible recuperación de fondos, Pontoriero detalló junto a los periodistas Juan Carlos Bataller y Juanca Bataller Plana, que el fiscal de Estado incluyó en su pedido la restitución de lo que consideran “indebidamente apropiado”. Sin embargo, advirtió que este sería un proceso complejo, ya que implicaría localizar los bienes involucrados. A futuro, el abogado estimó que una sentencia firme podría lograrse hacia abril o mayo del próximo año, aunque el proceso podría prolongarse ante eventuales apelaciones a la Corte Suprema.

Finalmente, Pontoriero aseguró que el sistema de expropiaciones evolucionó desde la implementación de nuevas normativas. Actualmente, cualquier proceso de este tipo se realiza con los ajustes necesarios para evitar abusos, y asegura que “el sistema se reestructuró, y hoy los valores que se pagan son justos y equilibrados”, garantizando así que los afectados por expropiaciones reciban compensaciones adecuadas sin repetir los errores del pasado.

Los comienzos del caso

La causa tiene sus orígenes en una serie de denuncias realizadas en 2010, cuando comenzaron a surgir pruebas de que ciertos terrenos expropiados en San Juan, destinados a obras públicas como el Parque de Mayo y Cuesta del Viento, habían sido tasados con sobreprecios irregulares. Se acusó a una red de ex jueces y abogados de haber inflado deliberadamente los valores de estos terrenos, en presunta complicidad con ex funcionarios de la provincia.

La acusación

El proceso judicial sostiene que esta red delictiva infló los precios de al menos 9 terrenos, en maniobras que incluían también propiedades relacionadas con el Canal Benavídez. La fiscalía y la querella sostuvieron que estas irregularidades ocasionaron una pérdida de cientos de millones de pesos al Estado, y los fiscales señalaron que el impacto de estas acciones afectó tanto al patrimonio provincial como a la credibilidad de las instituciones judiciales y administrativas.

Pontoriero destacó la importancia de los documentos presentados durante el juicio, que detallan las maniobras realizadas y los roles de cada imputado. En sus palabras, “esto era todo documental”, refiriéndose al vasto material de pruebas que expuso cada acción y firma relacionada con el caso.

Los alegatos y pedidos de pena

Actualmente, el juicio se encuentra en la etapa de los alegatos, una fase crítica en la que se presentan las conclusiones de la fiscalía y la querella. El Ministerio Público solicitó penas severas para los involucrados, que podrían llegar hasta los 25 años de prisión.

Los abogados defensores cuestionaron los cargos, alegando la falta de pruebas contundentes y señalando que varios imputados, especialmente los tres integrantes del Tribunal de Tasaciones, no deberían ser condenados, argumentando que su participación fue limitada. Sin embargo, la querella mantiene que la evidencia es abrumadora y que existe una clara relación entre los hechos y el perjuicio económico.