Orrego viaja a firmar, junto con otros gobernadores, la nueva ley de glaciares que se presentará en el Congreso

El futuro de la Ley 26.639, más conocida como Ley de Glaciares, volvió a ubicarse en el centro de la agenda política nacional. El Gobierno de Javier Milei comenzó a mover fichas para impulsar una eventual derogación o una reforma profunda de la normativa ambiental sancionada en 2010, y el tema podría ser incluido en el temario de las sesiones extraordinarias previstas entre diciembre y febrero.

En este contexto, un grupo de gobernadores —entre ellos el sanjuanino Marcelo Orrego— trabaja contrarreloj en la elaboración de un proyecto alternativo que busca devolver a las provincias el rol de autoridad principal sobre los glaciares y ambientes periglaciares.

“Los gobernadores de las provincias mineras, también probablemente con la firma del presidente, vamos a presentar el documento en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Las autoridades de aplicación de todo lo que tiene que ver un glaciar y un preglaciar son las provincias. Me parece muy significativo porque en la Constitución Nacional son de las provincias”, afirmó Orrego en rueda de prensa, marcando la postura del bloque minero en defensa del federalismo.

La intención del Ejecutivo nacional quedó clara tras el reciente anuncio del acuerdo comercial con Estados Unidos. Milei dejó entrever que la Ley de Glaciares es uno de los principales “obstáculos” a remover para facilitar inversiones estratégicas, especialmente en minería. Incluso fue explícito al cuestionar el marco ambiental vigente: “Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo. Esta ley es para devolverles el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar”.

La Ley 26.639 protege a los glaciares y al ambiente periglaciar como reservas estratégicas de recursos hídricos, y prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en esas áreas. Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos es la definición del territorio periglaciar. Según el artículo 2, se entiende como tal a las zonas de alta montaña con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico, y en media y baja montaña a las áreas con suelos saturados en hielo. La complejidad radica en que identificar esos suelos requiere criterios técnicos y científicos que la ley no especifica con claridad, lo que ha generado conflictos entre Nación, provincias y empresas.

Mientras el Gobierno nacional avanza en su intento por modificar la normativa, las provincias mineras buscan recuperar margen de decisión en un debate que promete tensiones políticas, económicas y ambientales en los próximos meses. El proyecto provincial será presentado en el Congreso antes de fin de año, en paralelo con la discusión que impulsa Casa Rosada.