Milei agilizó la designación de jueces

Un decreto firmado por el Presidente y el ministro de Justicia modifica el sistema de selección para la Corte Suprema. Se eliminan instancias de impugnación previas y se acortan los plazos administrativos.

El gobierno de Javier Milei avanzó con una reforma del procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema mediante un decreto que flexibiliza requisitos establecidos desde 2003 y reduce los tiempos para cubrir vacantes en el máximo tribunal.

La medida, que ya fue firmada por el Presidente y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, será publicada en las próximas horas y modifica el decreto 222/03 impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner, conocido como mecanismo de “autolimitación presidencial”.

Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo es simplificar trámites, eliminar instancias consideradas redundantes y acelerar los procesos de cobertura de vacantes judiciales. Desde la Casa Rosada rechazaron que los cambios impliquen una reducción de la transparencia en las designaciones.

Entre las principales modificaciones figura la eliminación de la etapa de participación ciudadana que se desarrollaba en el ámbito del Ministerio de Justicia. Hasta ahora, una vez anunciado un candidato a la Corte, se abría un período de 15 días para que ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales y otras instituciones presentaran observaciones o impugnaciones.

El nuevo esquema elimina esa instancia administrativa y deja como único ámbito formal de análisis público el proceso que se desarrolla en el Senado de la Nación, donde los postulantes deben afrontar una audiencia pública y obtener el respaldo de una mayoría de dos tercios de los senadores presentes.

También desaparece la obligación de publicar durante tres días consecutivos los antecedentes de los candidatos en diarios de circulación nacional. En su reemplazo, la difusión se realizará a través de los canales oficiales del Ministerio de Justicia.

Desde el Gobierno sostuvieron que la etapa eliminada generaba una “duplicación de instancias administrativas”, ya que muchas de las observaciones formuladas en el Ministerio volvían a presentarse durante el tratamiento legislativo de los pliegos.

Otro de los cambios introducidos por el decreto apunta a la información patrimonial de los candidatos. La norma establece un régimen unificado para acreditar el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales, incorpora la intervención de ARCA para verificar la situación fiscal de los postulantes y fija un plazo de cinco días para presentar las declaraciones juradas previstas en la Ley de Ética Pública.

La reforma también elimina las recomendaciones contenidas en el decreto de 2003 que sugerían al Poder Ejecutivo considerar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de proponer candidatos para la Corte Suprema.

Ese punto había cobrado relevancia durante el proceso de nominación del juez federal Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla, postulaciones que generaron numerosas objeciones de organizaciones civiles y sectores de la oposición.

La decisión oficial despertó preocupación en entidades vinculadas a la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, varias organizaciones señalaron que aguardarán la publicación completa del texto para evaluar el alcance real de los cambios.

La reforma se produce en un contexto de fuerte actividad del Gobierno para cubrir vacantes judiciales. En los últimos meses, el Poder Ejecutivo envió al Senado más de 100 pliegos de jueces y fiscales surgidos de concursos del Consejo de la Magistratura y logró la aprobación de 74 candidaturas en la Cámara alta.

En paralelo, el debate vuelve a concentrarse en la integración de la Corte Suprema, que actualmente funciona con tres de los cinco miembros previstos por ley: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Aunque Milei ha manifestado en distintas oportunidades su intención de esperar hasta después de las elecciones de 2027 para impulsar nuevas designaciones en el máximo tribunal, dentro del oficialismo existen sectores que consideran viable avanzar antes con la cobertura de las dos vacantes.

La modificación del procedimiento alimentó esas especulaciones y reabrió las discusiones sobre posibles candidatos para una futura renovación de la Corte, en un escenario donde el Gobierno busca acelerar la cobertura de cargos judiciales y fortalecer su estrategia institucional de cara a los próximos años.

Fuente: La Nación