Lascano: “La Provincia no cede competencias ambientales”

La diputada de Producción y Trabajo defendió los convenios con Vicuña y Vialidad Nacional. Aseguró que el acuerdo minero sólo regula obligaciones económicas y explicó bajo qué condiciones San Juan asumirá obras y mantenimiento de rutas nacionales.

La diputada provincial de Producción y Trabajo Maru Lascano defendió en el programa De Sobremesa la aprobación legislativa de los convenios con Vicuña y Vialidad Nacional. Frente a los cuestionamientos de la oposición, sostuvo que San Juan no resigna facultades ambientales y precisó que la Provincia sólo se hará cargo de rutas nacionales cuando estén garantizados el financiamiento y los proyectos técnicos.

—Durante el debate se cuestionó que el convenio con Vicuña implicaba que la Provincia cediera competencias ambientales. ¿Es así?

—No, no es cierto. La verdad es que es una de las falacias en que ha incurrido el bloque opositor, porque el convenio no regula lo que son las competencias ambientales, que la Provincia no cede bajo ningún punto de vista.

El convenio solamente regula las obligaciones financieras y económicas que tiene la empresa para con la Provincia en materia de regalías y en materia del aporte, que está establecido en 250 millones de dólares, inédito en la provincia porque es la primera vez que hay un acuerdo de estas características.

Veladero comenzó a aportar a partir de su sexto año el 1,5%, también a través de un convenio de similares características que llegó a la Cámara de Diputados en aquel entonces.

La verdad es que no tiene que ver con cuestiones ambientales. La Provincia no cede bajo ningún punto de vista ese poder legítimo que tiene establecido por la Constitución provincial y también por la Constitución nacional. Así que ese argumento no era válido para sostener la negativa al convenio.

—¿Los US$250 millones de Vicuña son un regalo?

—No, es un aporte que la empresa entendía que la Provincia necesitaba para reforzar infraestructura, esencialmente. Además, fija lo que van a ser las regalías, que están establecidas en función de la facturación que va a realizar la empresa. Estamos hablando de un 3% sobre la facturación.

Es un 3% que representa más o menos un 4,2% del valor de boca de mina, más un 1,5%, que es el aporte que va al fideicomiso a partir del quinto año.

—¿Qué implica para San Juan el convenio con Vialidad Nacional?

—Este convenio se enmarca junto con la negociación con otros siete gobernadores del país que venían planteando la urgencia de intervenir las rutas nacionales en cada una de las provincias. En muchos casos son huellas, no son rutas, por desidia de muchas gestiones nacionales que no han invertido lo suficiente para tener las rutas del país. Ante esta situación, el gobernador Marcelo Orrego empieza a dialogar con la Nación respecto a este tema.

—¿Desde la aprobación del convenio la Provincia ya queda a cargo de las rutas nacionales?

—No. El convenio tiene una particularidad: se aplica y es vigente a partir de que haya financiamiento económico y proyectos técnicos aprobados. Con lo cual, hoy la Provincia no está a cargo de las rutas nacionales en San Juan.

Hay dos cláusulas que son muy importantes de aclarar para llevarles tranquilidad a los sanjuaninos. El primer aspecto tiene que ver con que el convenio aplica una vez que las máquinas comienzan a trabajar en una ruta específica, como puede ser la Ruta 40, que el gobernador anunció que se va a realizar con esos fondos que van a venir de la empresa Vicuña.

Recién al momento de que esté la factibilidad económica, los planos técnicos y todo el proyecto técnico aprobado, la Provincia comienza a hacerse cargo del mantenimiento y la reparación de la Ruta 40, en este caso. Hasta tanto eso no suceda, la vigilancia, el mantenimiento y la tutela de las rutas siguen estando a cargo de Vialidad Nacional.

—Una vez que la Provincia intervenga una ruta nacional, ¿por cuánto tiempo deberá mantenerla?

—A partir de ahí son 20 años.

Eventualmente vendrá una discusión posterior que tendrán los gobiernos provinciales, nuestro gobierno provincial, con la Nación, para ver si se implementa algún mecanismo de recupero, que puede ser peaje o no. Esa discusión hoy no está.

—¿Qué ocurre si no se consigue financiamiento o no se aprueban los proyectos?

—Cumplido un año en el cual no hay ni factibilidad económica ni proyectos técnicos aprobados, Vialidad Nacional vuelve al estado original.

En el caso de que no se consiga financiamiento y no esté la aprobación técnica de los proyectos de las otras rutas nacionales, va a seguir el estado actual, que es que Vialidad Nacional sigue a cargo de esas rutas.

—¿Por qué el Gobierno provincial decidió asumir una responsabilidad que corresponde a la Nación?

—El gobernador decide, en el marco de esta situación tan compleja, ponerse esto al hombro. No son decisiones fáciles, no es una decisión liviana resolver hacerse cargo del mantenimiento de una ruta nacional, y mucho menos llevar adelante una obra de la envergadura que va a ser seguramente la reconstrucción de la Ruta Nacional 40 en el tramo norte, desde Albardón hasta San José de Jáchal.

Es un tramo largo, extenso. Son decisiones muy complejas, pero la realidad nos ha chocado y había que resolverlo de alguna manera hasta tanto cuestiones nacionales se pudieran subsanar por la vía que correspondiera.

—¿Los convenios necesitan reglamentación para entrar en vigencia?

—No. Ambos convenios se aprueban, se ratifican. El convenio de Vialidad tiene esta particularidad: está vigente, pero va a aplicarse una vez que la Provincia intervenga directamente en una ruta nacional.