La libertad de expresión

Por Alejandra Dománico (*) –

Aunque la libertad de expresión se encuentra consagrada en nuestro país desde la Asamblea del año XIII, y reforzada por los textos constitucionales, sigue siendo motivo de tensión, demandas y denuncias que llegan día a día a la Corte Suprema, la  que solo en el 2024 resolvió interesantes casos donde los involucrados fueron periodistas por sus investigaciones y publicaciones, Jueces por las expresiones en sus sentencias y Legisladores por expresiones vertidas fuera del recinto, en forma pública.

1. Casos contra periodistas:
a) La Corte Suprema rechazó la demanda por daños y perjuicios contra el periodista Mariano Grondona quien publicó un informe sobre el supuesto robo de bebés en donde estaba involucrada una diputada que, al ser desvinculada de la investigación, lo demando (sentencia CSJN octubre del 2024).
B) Rechazó otra demanda por daños y perjuicios, en este caso contra los periodistas Daniel Tognetti y Miriam Lewin, iniciada por el pediatra Mario Socolinsky quien luego de la publicación de un informe de ellos, el canal donde emitía su programa “La Salud de nuestros hijos”, le rescindió el contrato. El informe causa del reclamo mostraba que cualquier persona se hacía pasar en el programa del pediatra por médico y asesoraba como tal. Para demandar Socolinsky argumentó que los periodistas solo probaron con sus informes que quien que se hizo pasar por medica al efecto de la investigación, mintió a los controles (sentencia CSJN noviembre del 2024)

En ambos casos la Corte ratificó su defensa al “Derecho a la libertad de Expresión” y con él al de Prensa, expresando una vez más: “el periodismo no tiene obligación de informar solo una verdad comprobada, sino que su único límite es no mentir y chequear el mínimamente la información, conforme la doctrina de la “Real Malicia” (solo se responde cuando la información es falsa y se hizo conociendo esa falsedad o se publicó despreocupados de esa falsedad)”.

2. Casos contra legisladores/as:
La Corte eximió de responsabilidad a la exdiputada Lilita Carrió en dos casos. En uno (marzo 2024) rechazó la demanda del exadministrador de la Corte Héctor Marchi que le reclamó daños y perjuicios porque ella lo denunció por corrupción y fue sobreseído. En el otro caso (octubre 2024) rechazó la demanda de Sebastián Galmarini (ex senador provincial de Bs.As.) basada en que ella lo vinculó públicamente con el narcotráfico.

En ambos casos el alto tribunal sostuvo que “…la inmunidad de opinión y expresión legislativa prevista en el artículo 68 de la Constitución es total y debe ser interpretada con carácter amplio y no puede entenderse, como se hizo el algún momento, limitada a las expresiones utilizadas en el recinto, sino que alcanza a las manifestaciones políticas efectuadas en otros ámbitos, siempre que tuvieran conexión con su función como legislador…”.

3. Casos contra Jueces:
La Corte ratificó una sanción impuesta por el Consejo de la Magistratura a dos magistrados del tribunal oral por las expresiones vertidas en una sentencia expresando que la libertad de expresión que también alcanza a los jueces al momento de redactar sus sentencias, no debe exceder el marco del respeto y decoro:  “…los magistrados han incurrido en una conducta que colisiona con las normas de decoro y el estándar de ‘conducta irreprochable’ que la Constitución y las leyes imponen a los magistrados, haciendo uso en una sentencia de expresiones cargadas de calificaciones agraviantes, de comparaciones impertinentes y persecutorias “ (CSJN 16 de mayo de 2024, caso Rizzi Luis M y otro).

Estos casos son emblemáticos porque impactan en ámbitos específicos, pero es oportuno recordar que esa libertad de expresión que contiene a la de Prensa  entendida como “la libertad de todo hombre de hablar, escribir, imprimir y publicar sus pensamientos, sin que sus escritos puedan ser sometidos a censura ni inspección antes de su publicación”, en nuestro país es un Derecho de todos sus habitantes, siempre que sea gozado conforme las leyes que reglamenten su ejercicio” (art.14 CN).

(*) Abogada, delegada provincial de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, exjuez de Paz letrada, integrante de la comisión directiva de Conciencia San Juan

Fuente: Publicado en Nuevo Mundo, edición 1085 del 4 de febrero de 2025