La justicia dio más detalles sobre la condena a ex empleado público por estafas con cursos falsos en morgue judicial

El imputado, Gustavo Daniel Algarilla, dictaba tecnicaturas falsas aprovechándose de su posición en la morgue judicial sin contar con autorización oficial.

La justicia ha dictado sentencia en el juicio oral y público contra Gustavo Daniel Algarilla, acusado de estafar a cuatro alumnas mediante la oferta de un curso de evisceración y morgue, presentado erróneamente como una tecnicatura.

La investigación, iniciada en diciembre de 2024 tras la denuncia de las damnificadas, reveló que el imputado utilizaba su empleo público en la morgue judicial para captar alumnos y cobrar una cuota mensual por un curso que carecía de cualquier tipo de aval o certificación ministerial.

Según manifestó en rueda de prensa el fiscal a cargo, Guillermo Heredia, Algarilla dictaba el curso aprovechándose de su posición: “Si bien ofertaba el curso como una tecnicatura, no contaba con ningún tipo de aval, y sostenía su engaño a través de su condición de empleado público en la morgue judicial, donde los hacía ingresar a los alumnos”.

Las autoridades del Hospital Marcel Quiroga, donde se llevaron a cabo las prácticas, confirmaron que no contaban con ningún tipo de autorización o convenio para estas actividades, las cuales se realizaban de manera clandestina. En algunos casos, se utilizaban animales en las prácticas de evisceración, lo que agravaba la situación.

El perjuicio patrimonial, estimado en 2.400.000 pesos, fue considerado suficiente para elevar la causa a juicio, con el fin de declarar la culpabilidad del acusado. El fiscal destacó que los intereses en juego, como la integridad del sistema educativo de la provincia y la vulnerabilidad de las víctimas, pesaron más que el valor monetario del perjuicio.

Finalmente, aunque la fiscalía solicitó una condena de cuatro años, el juez del juicio, el Dr. Mariano Carrera, dictó una sentencia de un año y seis meses de prisión de cumplimiento condicional, argumentando la inexistencia de antecedentes penales del acusado. La condena implica también la cesantía en su cargo público.