La Corte de Justicia le dio la razón a las universidades

El máximo tribunal rechazó el recurso del Ejecutivo y dejó firme la cautelar que obliga a pagar aumentos salariales y recomponer las becas. Los gremios universitarios ya anuncian que reclamarán una suba del 32,5%.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación asestó este miércoles un golpe judicial al gobierno de Javier Milei en el largo conflicto universitario. El máximo tribunal dejó firme la medida cautelar que obliga a pagar un incremento salarial al personal docente y no docente de las universidades nacionales, convocar a paritarias e incrementar el presupuesto para becas, tal como establecía la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso en agosto de 2025.

La decisión se conoció al rechazarse el recurso extraordinario que había presentado el Gobierno contra el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que ya había convalidado el pago como medida cautelar. Incluso el Ejecutivo había intentado que tres de los cuatro ministros del tribunal se excusaran de intervenir por ser docentes universitarios, pedido que también fue rechazado.

El trasfondo del fallo tiene una historia con capítulos de alta tensión política. La ley de financiamiento educativo fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado. Milei la vetó, pero tras multitudinarias marchas universitarias en todo el país, el Congreso insistió y la sostuvo en ambas cámaras. Ante la derrota legislativa, el presidente firmó un nuevo decreto en el que la promulgó, pero sostuvo que no podía cumplirla porque no contemplaba la fuente de financiamiento de los incrementos.

Ante el incumplimiento, el Consejo Interuniversitario Nacional planteó una acción judicial que pedía declarar la inconstitucionalidad del decreto de Milei y el dictado de una cautelar que obligara al Gobierno a pagar los aumentos. El juez Cormick hizo lugar a la medida, la Cámara la confirmó y ahora la Corte dejó firme ese criterio.

Qué se debe pagar

El fallo obliga a cumplir los artículos 5 y 6 de la ley, que disponen pagar actualizaciones salariales desde 2023 a la fecha y aumentar las Becas Progresar. En la práctica, estos puntos son similares a los alcanzados en el acta de acuerdo firmada el 10 de junio entre el Gobierno, los rectores y los gremios, aunque con diferencias importantes que mantienen vivo el conflicto.

Esa acta prevé un aumento del 24,33%, pagadero en dos tramos: 21,33% en junio y un 3% adicional en octubre. También contempla un incremento del 20% en gastos de funcionamiento y un 50% para las Becas Manuel Belgrano. Sin embargo, no menciona las Becas Progresar, que permanecen congeladas en $35.000, y no reconoce la recuperación salarial desde diciembre de 2023 como establece la ley.

Esa brecha es la que abre el próximo capítulo del conflicto. Según pudo conocerse, los gremios universitarios exigirán una recomposición salarial del 32,5% a partir del fallo.

Las reacciones

La celebración en el mundo universitario fue inmediata. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo que «la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la ley de Financiamiento Universitario», y destacó la resistencia de una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública.

Desde la Federación Universitaria Argentina, su presidente Joaquín Carvalho advirtió que el conflicto no está cerrado: «Mientras los salarios continúen deteriorados y las becas Progresar permanezcan congeladas en $35.000, miles de estudiantes seguirán viendo vulnerado su derecho a estudiar. Ahora el Gobierno tiene que cumplir la ley y garantizar los recursos que nuestras universidades necesitan.»

El fondo del juicio —si es constitucional o no el decreto que suspende la ejecución de la ley— se sigue discutiendo en el juzgado de primera instancia del juez Cormick, que está próximo a resolver. En el Gobierno confían en que el acuerdo político firmado con los rectores torne abstracto el reclamo judicial, pero las universidades no están dispuestas a retirar la demanda mientras persistan las diferencias entre lo acordado y lo que manda la ley.