La justicia rechazó suspender el juicio contra el intendente de Angaco José Castro y se fijaron fechas

El jefe comunal volvió a intentar frenar el proceso judicial en su contra, pero el tribunal desestimó el pedido. Este viernes se realizará una audiencia clave para definir si el acuerdo económico que propuso puede evitar que enfrente el juicio.

El intendente de Angaco, José Castro, realizó un nuevo intento para evitar el inicio del juicio en el que está imputado por presunta malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario. Sin embargo, el planteo fue rechazado por la Sala II de la Cámara Penal, que resolvió convocar a una audiencia oral para este viernes a las 10.

El pedido de la defensa se basó en la reciente denuncia presentada por el Ministerio Público ante la UFI de Delitos Especiales, vinculada al convenio firmado entre el intendente y concejales del departamento. Mediante ese acuerdo, aprobado por el cuerpo deliberativo, se habilitaba a Castro a pagar una reparación económica de 5 millones de pesos con el objetivo de evitar llegar al banquillo de los acusados.

En la audiencia prevista para este viernes, tanto la defensa del jefe comunal como la fiscalía deberán exponer sus argumentos respecto a la legalidad del convenio. Tras escuchar a las partes, el tribunal podría resolver la cuestión luego de un cuarto intermedio, aunque la decisión final se conocería recién la próxima semana.

El nuevo planteo fue presentado por el abogado defensor Marcelo Fernández Valdez, quien argumentó que el juicio no debería comenzar hasta que se defina la denuncia impulsada por la fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi. Según la defensa, ese proceso podría tener incidencia directa sobre el expediente principal.

La representante del Ministerio Público solicitó investigar tanto a Castro como a los concejales Alberto de los Ríos, Roberto López y Alejandro Paredes por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario. A su entender, el acuerdo aprobado por el Concejo sería ilegal, ya que busca cerrar una causa penal mediante un pago económico.

En sus fundamentos, Castro mencionó como antecedente el caso de la denominada Fiesta de Olivos, en el que el expresidente Alberto Fernández abonó una suma de dinero para evitar un proceso judicial. No obstante, Gerarduzzi sostiene que los funcionarios municipales no pueden disponer de la acción penal, ya que esa facultad corresponde exclusivamente a los fiscales.

La investigación derivada de esta denuncia quedó en manos del fiscal Francisco Nicolía, quien ya solicitó las actas originales de la sesión extraordinaria en la que se aprobó el convenio. Esa documentación fue entregada esta semana por el asesor del Concejo Deliberante, Leonel García.

Con ese material y otros requerimientos en análisis, el fiscal podría avanzar en la formalización de una investigación penal contra el intendente y los ediles, algo que no se descarta que ocurra en los próximos días.

Uno de los puntos que genera debate es si la resolución que adopte el tribunal será apelable. En caso de que alguna de las partes recurra la decisión ante la Corte de Justicia provincial, el inicio del juicio podría volver a postergarse. Otros especialistas, en cambio, consideran que el proceso debería avanzar de inmediato, ya que originalmente estaba previsto que comenzara el 23 de febrero.

Castro fue procesado por una denuncia presentada en octubre de 2019 por los concejales José Ruseño, Valeria Garay y Mario Pacheco. En esa presentación se lo acusó de haber utilizado maquinaria y trabajadores municipales en un terreno privado ubicado en Chimbas.

Por esos hechos, el intendente enfrenta cargos que contemplan penas de entre dos y seis años de prisión, además de la posible inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Mientras tanto, la definición sobre el acuerdo económico y el futuro del juicio quedará en manos del tribunal que preside el juez Miguel Dávila Saffe.