Imputaron a un efectivo policial por atentar contra el vehículo de su expareja en Santa Lucía

El uniformado, que ya registraba antecedentes por violencia machista, permanecerá en libertad sujeto a vigilancia electrónica. Se lo investiga por haber provocado un foco ígneo intencional sobre el rodado de su antigua concubina.

Un nuevo episodio que involucra a las fuerzas de seguridad provinciales derivó en la intervención de la Justicia penal. Un funcionario perteneciente a la Seccional 9ª de Caucete quedó bajo la lupa judicial tras ser señalado como el responsable del ataque contra el automóvil de su excompañera sentimental en el asentamiento Río San Juan, ubicado en la localidad de Alto de Sierra.

El acusado fue identificado como Jorge Luis Correa, de 28 años. Según trascendió en la audiencia de formalización de la causa, el agente ya arrastraba un antecedente judicial del año 2024 producto de una denuncia por agresiones físicas contra otra mujer con la que mantuvo una relación. Aquel legajo en la jurisdicción de Flagrancia derivó en una suspensión del proceso a prueba (probation) por el plazo de un año, medida que le evitó una condena pero derivó en el retiro de su armamento de dotación y en su reubicación en tareas puramente administrativas.

Respecto al hecho reciente, el vínculo entre el imputado y la damnificada concluyó formalmente a mediados de año tras repetidas desavenencias. Si bien la víctima había acudido a la Dirección de Género a mediados de agosto para solicitar medidas cautelares de restricción debido al constante acoso que padecía, las disposiciones de la Justicia Civil aún no le habían sido notificadas.

El suceso de mayor gravedad tuvo lugar durante las primeras horas del domingo 13 de septiembre. La damnificada fue alertada por allegados del vecindario mientras descansaba junto a sus hijos: su automóvil Renault 12, que se hallaba estacionado en el exterior del inmueble, estaba siendo consumido por las llamas. La rápida acción de los pobladores del lugar, empleando baldes de agua y tierra, evitó que el fuego destruyera por completo la estructura de la vivienda y el garaje.

Las pesquisas iniciales sumaron testimonios clave de residentes del sector, quienes manifestaron haber observado a un sujeto con vestimenta oscura alejarse del sitio a bordo de un rodado de dos ruedas tipo enduro, de idénticas características al vehículo que utiliza el efectivo policial. Paralelamente, los peritajes del Cuerpo de Bomberos confirmaron el carácter intencional de la combustión. La situación procesal del agente se complicó aún más tras el secuestro de un recipiente con solvente (thinner) en su domicilio, sumado al antecedente de que días antes la víctima había reportado el sabotaje del sistema eléctrico del coche.

Durante la audiencia formal ante el magistrado de Garantías Federico Rodríguez, las representantes del Ministerio Público Fiscal (UFI CAVIG), Alejandra Bazán y Beatriz Vaca, le atribuyeron a Correa la presunta comisión del delito de incendio y estragos. Con el patrocinio de la letrada María Filomena Noriega, el acusado optó por mantener el silencio.

Como resultado del acto judicial, se concedió un plazo de 8 meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria. Aunque el agente mantendrá la libertad ambulatoria durante el proceso, el tribunal dispuso la colocación obligatoria de un dispositivo de rastreo geográfico (tobillera electrónica) por el término de cuatro meses para garantizar la distancia de protección hacia la denunciante.