Fiscalía de Estado confirmó que será querellante en la denuncia por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum

El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, se refirió este martes a la denuncia penal presentada por el dirigente opositor Marcelo Arancibia, quien acusó presuntas irregularidades en la licitación y ejecución de la obra del Acueducto Gran Tulum. Según explicó, si la investigación confirma que está comprometido el patrimonio provincial, el organismo que dirige deberá constituirse como parte querellante.

“He visto las noticias. Si la denuncia ya ingresó, deberá ser analizada por el Ministerio Público Fiscal, en este caso por la UFI Delitos Especiales. Y si, como he estado leyendo, involucra el patrimonio de la provincia, deberemos constituirnos como parte querellante”, afirmó Dávila. En esa línea agregó: “Si hay investigación por corrupción en gestiones anteriores, nos haremos parte”.

Cooperación con la Justicia

Dávila remarcó que la participación de Fiscalía de Estado dependerá de que el Ministerio Público Fiscal considere que existen elementos para avanzar en el proceso penal. “Si consideran que el proceso puede avanzar, tomaremos cartas en el asunto, nos constituiremos como querellantes y analizaremos si alcanza con los elementos que haya en el legajo”, señaló.

Consultado sobre la documentación que podría aportar Fiscalía, el funcionario indicó que los informes requeridos por la Cámara de Diputados, especialmente aquellos vinculados a OSSE y a la obra del acueducto ya deberían formar parte de los expedientes administrativos. “Seguramente serán parte de la denuncia”, dijo. No obstante, aclaró que el rumbo de la investigación es competencia exclusiva del fiscal actuante.

Respecto de si el organismo había detectado irregularidades previamente, Dávila fue terminante: “A nosotros formalmente no nos ha llegado ninguna circunstancia que amerite elevar la situación a la Justicia”. Y añadió que, en general, quien debe formalizar denuncias son los funcionarios intervinientes en los procesos administrativos, no la Fiscalía de Estado.

Cómo se activa la intervención del organismo

El fiscal de Estado explicó que la participación del organismo se habilita cuando la Justicia identifica un posible perjuicio al patrimonio provincial. “Generalmente, cuando un delito involucra cuestiones patrimoniales del Estado, se nos notifica. Si el fiscal entiende que está involucrado el patrimonio de la provincia, nos corren traslado y nos hacemos parte”, detalló.

Dávila también subrayó que la notificación depende exclusivamente del Ministerio Público Fiscal: “Si ellos creen que los elementos aportados pueden indicar la existencia de un delito, se corre traslado para que el Estado se haga parte y defienda el patrimonio estatal”.

En relación con las declaraciones del ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, quien afirmó que “la obra no estaría, pero los pagos sí están”, Dávila evitó realizar valoraciones técnicas: “Yo no soy especialista en obra. Desconozco el avance de los trabajos o de los pagos, que dependen de certificaciones emitidas ante Infraestructura”.

La denuncia que abrió el caso

La presentación realizada por Arancibia ante la UFI Delitos Especiales sostiene que en la ejecución del Acueducto Gran Tulum podrían haberse cometido los delitos de violación de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, asociación ilícita administrativa y defraudación al Estado.

El legislador apunta directamente al exgobernador Sergio Uñac, hoy senador nacional, y al empresario Gustavo Monti como responsables de las presuntas maniobras aunque sus nombres propios, al igual que otros ex funcionarios, no aparecen en la denuncia.

Ahora, la Fiscalía deberá evaluar si los elementos presentados son suficientes para iniciar una investigación formal. En caso afirmativo, Fiscalía de Estado ya anticipó que se presentará como querellante para resguardar los intereses del Estado provincial.