Expropiaciones: se demora la definición del fallo tras la inhibición de un camarista

La megacausa que lleva más de 15 años suma un nuevo capítulo: Víctor Muñoz Carpino pidió apartarse y ahora debe conformarse un tribunal para resolver su situación.

El camarista penal Víctor Muñoz Carpino, miembro subrogante de la Sala II de la Corte de Justicia, solicitó su inhibición para no intervenir en el análisis de las apelaciones presentadas por los defensores de los nueve condenados en la megacausa de las expropiaciones. El magistrado argumentó violencia moral, ya que participó en incidentes durante la tramitación del expediente, según fuentes judiciales.

Este planteo extiende aún más la definición sobre el fallo, en un proceso marcado por excusaciones y recusaciones que acumula 15 años de trámite. Ahora, será necesario conformar un nuevo tribunal en febrero para decidir si acepta o no la inhibición de Muñoz Carpino.

¿Qué está en juego?

• La composición del tribunal genera debate: algunos sostienen que deben designarse dos nuevos jueces, mientras otros creen que el camarista laboral Mariano Ibañez debe intervenir.
• El sorteo para elegir magistrados incluirá jueces penales que no se hayan inhibido, entre ellos Eduardo Raed y Renato Roca, además de jueces de Garantías y del fuero penal de Niñez y Adolescencia.
• Tras resolver la inhibición, también se deberá cubrir la vacante que dejó Guillermo Baigorrí, designado fiscal General.

Las condenas en la megacausa

El Tribunal de juicio, integrado por Silvina Rosso, Martín Heredia y Matías Parrón, condenó a:

• Santiago Graffigna: 7 años y 8 meses (líder de la asociación ilícita).
• Horacio Alday: 6 años.
• Carlos Macchi: 6 años y 2 meses.
• Mario Díaz: 6 años.
• Néstor Ruiz: 4 años y 6 meses.
• Ana María Melvin: 4 años.
• José Moreno: 3 años.
• Peritos: Juan Pablo Quiroga (3 años) y Víctor Bustos (3 años y 6 meses).

La causa investiga una asociación ilícita integrada por magistrados, abogados y funcionarios que inflaban el valor de terrenos expropiados para quedarse con sumas millonarias del Estado. La definición sobre las apelaciones sigue pendiente y promete nuevas recusaciones.