EVISA rechazó la denuncia de FECOVITA y pidió archivarla

Julia Villanueva, directora de Legales de AISA Group, aseguró que la causa por lavado de activos no tiene imputados y sostuvo que los fondos cuestionados ingresaron mediante operaciones legales y bancarizadas. La empresa presentó documentación ante la Justicia y anticipó que evaluará acciones por daños.

AISA Group salió a responder la denuncia por presunto lavado de activos presentada por FECOVITA y sostuvo que hasta el momento no existen personas imputadas en la causa. Julia Villanueva, directora de Legales del grupo empresario, afirmó que la acusación no identifica un delito precedente ni acredita el supuesto origen ilícito de los fondos y confirmó que la defensa pidió el archivo de la investigación.

“No hay imputados porque no hay elementos para imputar a nadie”, sostuvo Villanueva al explicar el estado actual del expediente. Según indicó, la pesquisa quedó limitada a determinadas operaciones realizadas entre FECOVITA y EVISA durante 2021, 2022 y 2023, cuando ambas compañías mantenían una relación societaria y comercial.

La abogada cuestionó especialmente que se haya asociado la utilización del Contado con Liquidación (CCL) con una eventual maniobra de lavado. Explicó que el mecanismo utilizado para el ingreso del dinero es legal y está sujeto a controles del sistema financiero.

“El Contado con Liquidación no solamente es un mecanismo legal, sino que lleva implícito un control”, afirmó. Según Villanueva, las operaciones cuestionadas quedaron bancarizadas y documentadas mediante transferencias, cheques y registros contables.

El argumento central de AISA apunta a una presunta contradicción de FECOVITA: sostiene que la federación había reconocido anteriormente como lícitos los mismos fondos que ahora cuestiona ante la Justicia.

Villanueva explicó que FECOVITA llegó a tener el 51% de EVISA y que además se desempeñó como administradora de la compañía. Desde esa posición, según la versión de AISA, recibió, administró y contabilizó parte de los recursos posteriormente incorporados a la denuncia.

“Los fondos que está cuestionando en la denuncia son los fondos que ingresaron a EVISA cuando FECOVITA era la controlante y además la administradora”, señaló.

De acuerdo con documentación aportada por AISA, actas internas de FECOVITA de aquella etapa habrían dejado asentado que el dinero era lícito, que ingresaba a través de mecanismos autorizados y que existían certificaciones vinculadas con el origen de los fondos.

Para Villanueva, esa documentación constituye uno de los principales elementos para solicitar el cierre de la investigación. “Ahora va a la Justicia Federal a denunciar lavado por esos mismos fondos. Es una contradicción insalvable”, afirmó.

La directora de Legales explicó además que el fiscal decidió concentrar la investigación en cuatro reportes de operaciones vinculadas a la relación entre FECOVITA y EVISA, sin formular hasta ahora una acusación concreta contra Juan José Retamero ni contra otros miembros de AISA Group.

Por ese motivo, cuestionó las publicaciones que presentaron el expediente como una investigación por lavado dirigida específicamente contra el empresario.

“Decir que están investigando a Juan José Retamero por lavado de activos es incorrecto. Lo que se está investigando son determinadas operaciones y no hay imputados”, remarcó.

Villanueva confirmó que la semana pasada AISA realizó una presentación judicial en la que entregó balances auditados, documentación bancaria, antecedentes fiscales y registros de las operaciones. Al mismo tiempo, solicitó una resolución urgente.

“Nuestro planteo fundamental es que no hay delito. No se nos está imputando ninguna conducta ilícita y, de todos modos, presentamos toda la documentación para demostrar la trazabilidad”, explicó.

AISA también encargó una auditoría forense independiente a una firma internacional especializada para reconstruir el recorrido de los fondos y las operaciones del grupo durante los últimos años. Ese informe será incorporado al expediente una vez finalizado.

Villanueva sostuvo además que las empresas de AISA están sometidas a auditorías internacionales y destacó los controles específicos que alcanzan a Minas Argentinas S.A., operadora de la mina Gualcamayo en San Juan, por tratarse de una compañía vinculada a la producción y exportación de metales preciosos.

Minas Argentinas recibió recientemente la aprobación para incorporar al RIGI el proyecto Carbonatos Profundos-Nuevo Gualcamayo, con una inversión computable declarada de US$650 millones.

La ejecutiva planteó que el impacto reputacional de la denuncia puede alcanzar también los proyectos de inversión que el grupo desarrolla en el país. “Argentina necesita inversión, empleo y proyectos de largo plazo. Una acusación de esta gravedad provoca un daño enorme cuando no tiene sustento”, afirmó.

La causa se desarrolla sobre el trasfondo de un extenso enfrentamiento entre AISA y FECOVITA. Parte de esa disputa permanece pendiente de resolución en un tribunal arbitral, aunque Villanueva insistió en separar ambos planos.

“Una cosa es el conflicto comercial, que tendrá que resolverse ante un árbitro, y otra es esta denuncia penal. Son dimensiones diferentes”, sostuvo.

AISA, por su parte, mantiene abierta otra ofensiva judicial contra directivos de FECOVITA. Según explicaron representantes del grupo, esa investigación involucra una presunta estafa por aproximadamente US$32 millones y causas vinculadas con balances presuntamente falsos. Las responsabilidades definitivas deberán ser determinadas por la Justicia.

Villanueva diferenció ambos expedientes y aseguró que, en las causas promovidas por AISA, existen decisiones de fiscales y magistrados que avalaron la continuidad de las investigaciones. “Nosotros identificamos el delito que denunciamos y existe una investigación judicial avanzada. Es una situación completamente distinta”, sostuvo.

La prioridad inmediata de la compañía será conseguir que la Fiscalía analice la documentación presentada y resuelva su pedido de archivo. Sólo después de esa definición, adelantó Villanueva, AISA evaluará la posibilidad de iniciar acciones por daños y perjuicios.

El próximo movimiento de la Justicia será determinante: deberá establecer si las operaciones entre EVISA y FECOVITA justifican profundizar la investigación penal o si, como sostiene AISA, la documentación aportada permite cerrar una causa que ya trasladó el conflicto empresario al terreno reputacional.