Entre reformas y desafíos, la Fiscalía busca ordenar cómo se investiga el delito

El fiscal general expuso los alcances de la nueva política criminal, que fija criterios unificados para investigar delitos. También abordó el rol de las víctimas, los desafíos del delito digital y la necesidad de adaptar el sistema a la justicia juvenil.

Durante su participación en el programa La Ventana, por Telesol, Baigorrí explicó que el nuevo instrumento establece pautas claras y obligatorias para la actuación de fiscales y policías en todas las etapas de una investigación. “Ponemos una esfera de absoluta certidumbre sobre cómo se debe actuar ante casos similares”, afirmó.

El manual abarca desde la intervención en la escena del crimen —incluyendo la preservación del lugar y la cadena de custodia de las pruebas— hasta criterios durante el proceso judicial y la aplicación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Según detalló, su cumplimiento es obligatorio, salvo excepciones debidamente fundamentadas.

Uno de los ejes destacados fue el fortalecimiento del rol de las víctimas. Baigorrí remarcó que pueden participar activamente como querellantes y adelantó que se busca consolidar esquemas de acompañamiento y contención durante todo el proceso judicial. No obstante, reconoció tensiones cuando las víctimas discrepan con salidas alternativas promovidas por la fiscalía.

El fiscal también subrayó la importancia de evitar errores en la preservación de pruebas, recordando casos emblemáticos en los que la investigación se vio afectada por fallas en la escena del crimen. En ese sentido, el manual fija protocolos estrictos para evitar interferencias y garantizar investigaciones sólidas.

En otro tramo, se refirió al crecimiento de delitos digitales como estafas, grooming y acoso en redes sociales. Señaló que estos fenómenos se han expandido con el uso masivo de la tecnología, pero destacó avances en herramientas de detección e investigación, así como programas de capacitación en escuelas.

Finalmente, Baigorrí abordó el desafío que implicará la eventual baja de la edad de imputabilidad. Explicó que será necesario reformar el sistema procesal juvenil y generar dispositivos adecuados para el tratamiento de menores en conflicto con la ley penal, en coordinación con otros poderes del Estado.

“El sistema debe adaptarse a una nueva realidad, pero con reglas claras y responsabilidades compartidas”, concluyó.