Diputados aprobó una ley que moderniza y agiliza las habilitaciones comerciales en San Juan

La Cámara de Diputados provincial dio luz verde a un sistema único que digitaliza trámites, reduce burocracia y redefine los tiempos para abrir comercios e industrias. La norma incorpora un régimen simplificado, fija plazos máximos de resolución y habilita el “silencio positivo” ante demoras del Estado.

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves una nueva ley impulsada por el Poder Ejecutivo que crea el Sistema Único de Gestión de Trámites para habilitaciones comerciales, industriales y de servicios. La iniciativa fue sancionada con 32 votos afirmativos y tiene como objetivo central modernizar los procedimientos administrativos, reducir la burocracia estatal y agilizar la apertura de emprendimientos mediante herramientas digitales y la participación de profesionales matriculados.

Durante el debate legislativo, la diputada informante María Rita Lascano, junto a los legisladores Federico Rizo y Mario Herrero, defendieron el proyecto como una respuesta a demandas del sector productivo vinculadas a la necesidad de simplificar trámites y fomentar la inversión privada a través de la plataforma “Digital San Juan”.

El nuevo esquema establece un régimen simplificado para establecimientos de hasta 300 metros cuadrados. En esos casos, una certificación emitida por profesionales habilitados podrá reemplazar varios de los requisitos que antes se tramitaban por separado, lo que permitirá reducir tiempos y facilitar la habilitación de comercios.

Para actividades de mayor complejidad —como industrias, centros de salud, instituciones educativas o espacios de gran concurrencia— la ley prevé un régimen general con procesos optimizados, manteniendo controles específicos pero con mayor celeridad administrativa.

Uno de los puntos clave de la normativa es el respeto por la autonomía municipal, ya que los gobiernos locales continúan siendo responsables de otorgar las habilitaciones. Sin embargo, el sistema unifica y centraliza los trámites provinciales vinculados al proceso, con el objetivo de coordinar criterios y evitar duplicaciones.

Desde el oficialismo remarcaron que la medida no implica una pérdida de competencias municipales, sino una herramienta de articulación institucional que busca mayor transparencia y eficiencia en la gestión.

La ley también establece un plazo máximo de 30 días para que el Ejecutivo provincial resuelva los expedientes. Si ese tiempo se excede sin respuesta, se aplicará el mecanismo de silencio administrativo positivo, lo que permitirá avanzar con los trámites sin una resolución expresa del Estado.

Además, se invita a los municipios a adherir al nuevo sistema para unificar criterios y agilizar procedimientos que actualmente se realizan de manera fragmentada o tercerizada.

Con la aprobación final en general y en particular, la iniciativa quedó convertida en ley, marcando un cambio en el esquema de habilitaciones comerciales en la provincia.