Diputados acelera el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad

Tras la conmoción que provocó el asesinato de la niña Kim Gómez en La Plata, el oficialismo convocará, a instancias del presidente Javier Milei, a un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados el miércoles de la semana próxima para acelerar el debate de un nuevo régimen penal juvenil. La intención es reducir la edad de imputabilidad –el Gobierno propone bajarla a 13 años-, aunque la problemática es tan compleja que, por ahora, no hay acuerdo en un texto común.

A instancias del Presidente, el oficialismo convocará a un plenario de comisiones el miércoles 12 de marzo. Si bien hay coincidencias en los distintos bloques, el consenso está lejos ya que la mayoría de Unión por la Patria está en contra.

“La modificación del régimen penal juvenil es mucho más que cambiar la edad de la imputabilidad”, aclara la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), diputada de Pro y aliada al oficialismo. Un mensaje que pareció dedicado al Presidente, quien, en la Asamblea Legislativa, reclamó que se acelere la ley para que “quienes cometan crímenes de adultos, paguen las consecuencias de sus actos como adultos”.

El problema a resolver, sin embargo, no es tan sencillo, aducen los legisladores. No se trata solo de coincidir en un número para bajar la edad de imputabilidad; en paralelo la ley debe prever qué delitos deberían ser punibles para quienes los cometan y qué castigos impartírseles según su gravedad; en qué casos cabría la internación y qué penas alternativas podrían contemplarse, además de las políticas de reinserción social para evitar que los jóvenes ingresen a la espiral delictiva.

Tan compleja es la temática que los proyectos presentados se discuten en cuatro comisiones: Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto. “Ni siquiera la Ley Bases fue tan amplia –señala Rodríguez Machado-. En esta ley participan 113 diputados, casi la mitad de la Cámara”.

La discusión arrancó en julio pasado cuando el Gobierno presentó su iniciativa al Congreso. El proyecto propone bajar a 13 años la edad de imputabilidad aunque gradúa la pena según su gravedad. Cuando esta supere los tres años de prisión y hasta un máximo de 6 años, y ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima o una grave violencia física o psíquica, se podrá reemplazar el castigo de prisión por penas alternativas, como la amonestación; la prohibición de contacto con la víctima; la prohibición de conducir o concurrir a determinados lugares, entre otras sanciones.

En caso de que el delito merezca una pena privativa de la libertad, esta podrá realizarse en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención o en una sección separada de un establecimiento penitenciario adecuada para el tratamiento de adolescentes.