Comenzó el proceso judicial contra el intendente de Angaco: el Tribunal postergó la definición y aún puede evitar el juicio

El tribunal analiza la validez del acuerdo de conciliación impulsado por José Castro y aprobado por el Concejo Deliberante. La Fiscalía rechazó la salida alternativa y advirtió sobre un posible precedente de impunidad en delitos contra el Estado.

Una audiencia realizada este viernes en Tribunales volvió a poner en el centro del debate la causa por presunta malversación de fondos públicos que tiene como imputado al intendente de Angaco, José Castro. Durante la jornada, la defensa del jefe comunal sostuvo la validez del acuerdo de conciliación aprobado por el Concejo Deliberante, mientras que la Fiscalía lo rechazó con firmeza y cuestionó su legalidad. El tribunal continuará analizando el planteo y fijó una nueva audiencia para el próximo 20 de marzo.

El abogado defensor de Castro, Marcelo Fernández, solicitó que se declare la nulidad del procedimiento impulsado por el Ministerio Público Fiscal y pidió suspender el avance del proceso hasta que se determine si el acuerdo legislativo es válido. Según argumentó, la conciliación fue formalizada a través de una ordenanza del Concejo Deliberante, mecanismo que —afirmó— representa la expresión institucional de la voluntad del cuerpo legislativo.

En su exposición, Fernández también manifestó sorpresa por la rapidez con la que se presentó la denuncia penal luego de que se aprobara el acuerdo. En ese sentido, sostuvo que su defendido se puso a disposición de la Justicia y defendió la legalidad del procedimiento promovido desde el Ejecutivo municipal, al tiempo que pidió que se detenga el trámite judicial hasta que se aclare la situación procesal.

La postura de la Fiscalía fue diametralmente opuesta. La fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi cuestionó tanto el planteo de la defensa como la decisión política del Concejo Deliberante de Angaco de avalar la conciliación.

De acuerdo con su argumentación, los delitos vinculados con la administración pública no admiten este tipo de salidas alternativas, ya que afectan directamente al funcionamiento del Estado y a la protección del patrimonio público. En ese marco, recordó que el intendente, en su rol de funcionario, tiene la responsabilidad de resguardar el interés general.

Gerarduzzi también advirtió sobre el impacto institucional que podría generar aceptar un acuerdo de este tipo. A su entender, permitir conciliaciones en causas de corrupción podría derivar en mecanismos de impunidad respaldados por acuerdos políticos destinados a evitar el juicio.

La fiscal además cuestionó la intervención del Concejo Deliberante, al señalar que ese órgano no tiene facultades para otorgar una especie de “perdón” frente a hechos que afectan al orden público. En su exposición remarcó que el conflicto no se limita a una disputa entre partes, sino que involucra a un funcionario público y al interés de la sociedad.

Otro de los puntos que destacó fue la gravedad institucional del caso, teniendo en cuenta que Castro actualmente se encuentra ejerciendo un nuevo mandato al frente del municipio. En ese contexto, consideró que una eventual extinción de la acción penal mediante conciliación sería improcedente y podría transmitir a la sociedad un mensaje de impunidad.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el tribunal resolvió posponer una definición y convocó a una nueva audiencia para el 20 de marzo, donde continuará evaluando los planteos sobre la validez del acuerdo y la continuidad del proceso judicial.

El origen de la controversia se remonta a la iniciativa presentada por el propio intendente antes del inicio del juicio oral. Castro elevó al Concejo Deliberante un proyecto de conciliación con el objetivo de cerrar la causa penal. La propuesta contemplaba la donación de cinco millones de pesos a Cáritas de Angaco como forma de reparación.

La iniciativa fue aprobada en una sesión extraordinaria con el voto favorable de los concejales oficialistas Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López. En tanto, Andrés Olivera votó en contra y Gloria Herrera decidió abstenerse.

Con esa mayoría simple, el acuerdo obtuvo aval legislativo y posteriormente fue presentado ante la Justicia por la defensa del intendente, con el objetivo de lograr la extinción de la acción penal y evitar el juicio.

El debate oral estaba programado inicialmente para el 23 de febrero de 2026 ante un tribunal integrado por los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Víctor Muñoz Carpino y Miguel Dávila Saffe. Sin embargo, el inicio del proceso fue suspendido hasta que el Ministerio Público Fiscal se pronunciara sobre la legalidad de la conciliación propuesta.