Los fines institucionales de un régimen disciplinario

Por Julio Conte-Grand (*) –

Administrar justicia impone para cada organización judicial (Jurisdiccional o Ministerio Público) y sus integrantes, individual y colectivamente, desafiarse y ponerse a prueba constantemente para lograr los altos niveles de eficiencia y transparencia que tienen como consecuencia el aumento de confianza en el sistema.

Es por esto que la actividad disciplinaria, tan importante para la evaluación del comportamiento de los servidores públicos y, en particular, de los operadores judiciales, se ha consolidado como una herramienta esencial para avanzar en el fortalecimiento institucional.

El derecho disciplinario tiene, principalmente, una función preventiva y correctiva, promueve buenas prácticas en el ejercicio de la función pública y, en última instancia, eleva la calidad y eficiencia de la Justicia. Esto más allá de los casos excepcionales en que, lamentablemente, debe recaer una sanción sobre algún miembro del Poder Judicial por haber cometido faltas.

La actividad disciplinaria contribuye a una administración de justicia más eficiente a través del control de las conductas inapropiadas, la promoción de la ética profesional y la protección de los derechos de los ciudadanos contemplada en la Constitución Nacional, en las provinciales, en los Tratados Internacionales y en todo el plexo normativo que se pondera en cada actuación disciplinaria.

El disciplinario es la rama del derecho público que, ni más ni menos, regula la conducta de los servidores públicos en el ejercicio de su función. Su objetivo es, pues, preservar la integridad y el correcto funcionamiento del sistema de justicia. Por eso establece límites claros entre lo aceptable y lo reprensible en la conducta de los funcionarios, buscando garantizar el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades. Las faltas disciplinarias incluyen desde actos de corrupción hasta comportamientos que afecten el normal desarrollo de los procesos judiciales -como la dilación indebida, la negligencia o el incumplimiento de deberes- y las sanciones previstas son proporcionales a la gravedad de esas faltas.

La ejecución efectiva de la actividad disciplinaria tiene impacto directo en la eficiencia de la administración de justicia por varias razones:

— Prevención de conductas irregulares: la existencia de un régimen disciplinario otorga a la organización y a los agentes y funcionarios que la componen un marco que les señala las conductas reprochables, como el uso indebido de recursos públicos, la omisión de deberes, la dilación procesal, etc.

— Promoción de la ética y la responsabilidad: al exigir altos estándares éticos y profesionales, el derecho disciplinario impulsa a los agentes y funcionarios a actuar con mayor responsabilidad, reduciendo la incidencia de fallos o retrasos atribuibles a negligencia o corrupción.

— Protección de los derechos civiles: una justicia eficiente es la que responde a las necesidades de la población de manera oportuna y justa. La actividad disciplinaria garantiza que los operadores judiciales cumplan con sus deberes, protegiendo así los derechos fundamentales de las partes en los procesos judiciales.

— Reducción de la congestión judicial: al corregir las conductas que afectan la celeridad procesal, el sistema disciplinario contribuye a reducir la congestión en la prestación del servicio de justicia. La concientización de los agentes y funcionarios sobre las obligaciones asumidas al ingresar al Poder Judicial, fomenta un trabajo más ágil y eficaz.

La actividad disciplinaria como herramienta de gestión permite a los órganos de control (por ejemplo, las oficinas de control disciplinario o los tribunales de ética) identificar patrones de conducta inadecuada y tomar medidas preventivas y correctivas.

En el ámbito del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires existe la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, creada por Resolución 483/17 de la Procuración General, dependencia que acompaña las ideas fuerza de la gestión para todo el Ministerio Público. Entre sus misiones tiene, siempre dentro del ámbito de su competencia, apuntalar la transparencia, la eficiencia, la ética profesional y la vocación de servicio, entre otras.

Desde la creación de la Secretaría, se implementa un sinnúmero de acciones con este propósito; acciones que fueron evolucionando junto con la experiencia y conforme el plan estratégico diseñado oportunamente en el marco del Proyecto Institucional. Entre ellas la materialización de actividades conjuntas entre la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento y las Fiscalías y Defensorías Generales departamentales y ante el Tribunal de Casación Penal, con criterios unificados a partir de la confección y ejecución de los protocolos correspondientes.

Fue una labor dinámica implementando herramientas clave, como distintas y sucesivas ediciones de Jornadas especializadas, mesas de trabajo anuales con distintas temáticas, el curso obligatorio de derecho disciplinario en el Campus MPBA, las mesas de trabajo provinciales de derecho disciplinario con la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la implementación de una mesa de ayuda sobre SIMP Procedimientos / Bandeja disciplinaria (pizarra Kanban), la guía del denunciante, la guía de buenas prácticas para la toma de denuncias disciplinarias en los casos de violencia de género, el mapa disciplinario con indicadores clave, las visitas institucionales, entre otras.

Con estas acciones, se ha logrado mitigar los desafíos que impone llevar de manera seria y responsable la aplicación del régimen disciplinario en la organización.

Por otro lado, la actividad de las áreas competentes en materia de control disciplinario y enjuiciamiento se ve fortalecida por la implementación de programas de capacitación y formación continua. La capacitación es de vital importancia para lograr un cambio de cultura organizacional, haciendo hincapié en la ética y responsabilidad. Ver el derecho disciplinario como una herramienta para mejorar el servicio y no como un mecanismo punitivo, fue fundamental para el desarrollo de la actividad.

Debe recalcarse que la actividad disciplinaria es una herramienta de gestión fundamental para garantizar una administración de justicia más eficiente. Al establecer límites claros sobre el comportamiento esperado de los operadores judiciales, el derecho disciplinario contribuye a mejorar la calidad del servicio judicial, proteger los derechos de los ciudadanos y reducir la congestión en los tribunales.

Un reto crucial para las organizaciones responsables de la administración de justicia reside en fortalecer sus mecanismos de control disciplinario, dotarlos de los recursos necesarios y promover una cultura de responsabilidad y compromiso que permita a los funcionarios judiciales cumplir su labor de manera eficiente y transparente.

(*) Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fuente: Publicado en Nuevo Mundo, edición 1078 del 20 de diciembre de 2024