Regulaciones burocráticas innecesarias: ¿Quién las paga?

Por Marcelo Delgado (*) –

Mañana celebramos un nuevo 25 de mayo, y 215 años, del comienzo de un proceso de soberanía política y libertad económica de nuestra identidad nacional. En este camino, la organización institucional, se consolidó recién en 1860, cuando en la Carta Magna, de 1853, se incorpora a Buenos Aires, y comienza el sistema democrático y representativo, que se renovó en la reforma constitucional de 1.994.

El recorrido de la construcción nacional y la liberación de las fuerzas colonizadoras, de España, e Inglaterra, le fue dando identidad y autonomía a la República Argentina, y hacia fines del siglo XIX, se erige como una inminente potencia económica y motor regional, no sólo en la producción primaria, sino también en el comercio, servicio, y la industria.

Este crecimiento y desarrollo, en el siglo XX, recibió un fuerte golpe en 1.929 (crisis global), y luego de la finalización de la segunda guerra mundial, un gran impulso a la economía nacional.

En lo institucional, el siglo XX, se caracterizó por la interrupción de los procesos políticos, por golpes de estado, proscripciones y una democracia debilitada, la guerra de Malvinas; entre otros hechos políticos, hasta finales de 1.983.

En el proceso de liberación, aparecieron también, nuevos mecanismos de sometimiento, aunque más sutiles, no menos dañinos: “La burocracia”. Los controles y regulaciones, resultan necesarias, y en muchos casos, tienen por objetivo evitar los abusos, equilibrar las fuerzas del mercado y cuidar a las Pymes y consumidores. Pero, en numerosas circunstancias, las regulaciones, responden a lobbies de sectores minoritarios, presiones de grupos concentrados y los costos, terminan impactando, a quienes se procura cuidar.

Algunos ejemplos, que ilustran este punto:

• La COIVAR, a la que todas las bodegas deben financiar obligatoriamente, no solo no impidió la cartelización del sector, sino que contribuyó muy poco o nada a sostener el consumo de vino y cuidar a productores y consumidores, que pagan esos mayores costos.
• Controles Fitosanitarios: Con altísimo costo (superior a un peaje de ruta), constituyen imposiciones disfrazadas de servicio de sanidad.
• RTO, VTV y otros sistemas obligatorios de Revisión Técnica: Su aplicación, no ha mejorado el parque automotor, ni bajo la siniestralidad vial, pero sirve para aplicar multas y encarecer el transporte público y privado.
• Hidráulica de San Juan: Para presentar una nota simple, se deben acompañar “Unidades Tributarias” (Similar a las viejas estampillas), que además, requieren de largas colas en los “San Juan Servicios), que las comercializan.

Sólo algunos ejemplos, de regulaciones y controles, que los argentinos queremos dejar atrás; y solo representan mayores costos, y restricciones a los servicios públicos. ¿Será el tiempo de liberarnos?

(*) Abogado, economista

Fuente: Publicado en El Nuevo Diario, edición 2145 del 24 de mayo de 2025