La Obsolescencia Programada: “Cuando la falla de un producto está programada por el fabricante”

Escribe: Alejandra Dománico (*) –

Se ha hecho viral un video donde una joven cuenta que, al momento de preparar su desayuno con tostadas, su tostadora nueva, no funcionó. Dice que la tostadora es de una marca reconocida, adquirida hacen seis meses y dos semanas, es decir, que venció la garantía, y que, al oprimir la palanca, no hay ni calor ni clic. El aparato murió.

Agrega que en el servicio técnico le informan que la resistencia se quemó por la falla de un pequeño fusible térmico, diseñado para tolerar un pico de temperatura muy bajo que lo hace fallar en poco tiempo y que el producto está fabricado con una resistencia y duración incompatible con el uso razonable. Comprar el repuesto original y reemplazarlo le saldría más caro que comprar una máquina nueva.» Así deja abierto el debate: ¿cuánto de nuestras fallas tecnológicas son realmente inevitables y cuánto está deliberadamente diseñado para que compremos un producto nuevo?

Ese concepto tiene nombre: Obsolescencia programada y se trata una práctica por la cual un fabricante diseña un bien con una vida útil artificialmente limitada, ya sea a través de componentes que fallan antes de lo esperable, con piezas de menor resistencia que la que exige el equipo y a corto plazo colapsan, o actualizaciones que vuelven lento un dispositivo, acompañado de que la pieza que falla es imposible de reemplazar. El objetivo es claro: forzar al consumidor a adquirir un nuevo producto.

El fenómeno de la obsolescencia programada no es nuevo. Su antecedente histórico más claro es el cártel de Phoebus (1924), cuando las principales compañías de focos de luz—entre ellas General Electric, Osram y Philips— pactaron limitar artificialmente la vida útil de las bombillas a 1.000 horas, castigando incluso a los fabricantes que produjeran lámparas demasiado duraderas. Fue la primera evidencia documentada de una estrategia industrial destinada a forzar el recambio prematuro de productos.

Casi un siglo después, la discusión resurgió con fuerza ante casos contemporáneos. El más resonante es el “Batterygate” de Apple: tras descubrirse que ciertas actualizaciones ralentizaban los iPhone, forzando así comprar la nueva versión, la empresa enfrentó multas en Europa, sanciones en Italia y acuerdos judiciales por cientos de millones de dólares en EE. UU., además de una ola global de reclamos. Estos casos impulsaron cambios concretos en la legislación de algunos países: Francia tipificó la obsolescencia programada como delito, varios países europeos sancionaron a fabricantes por prácticas engañosas y la Unión Europea avanzó con el derecho a la reparación, obligando a garantizar repuestos, manuales técnicos y mayor durabilidad.

Argentina no cuenta con una norma específica que sancione la obsolescencia programada ni un régimen de derecho a la reparación como en la UE, laguna que vienen disimulando los jueces quienes enmarcan estos casos dentro del Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor.

Con esas herramientas, cada vez son más las sentencias a favor del usuario cuando demanda porque el producto no cumple con la vida útil razonable. En el proceso el usuario solo debe demostrar el tiempo de uso (guardar factura de compra, garantía y de ser posible el informe del técnico particular) y es la empresa la que debe demostrar que el producto fue diseñado o ensamblado con componentes aptos para su uso por tiempo razonable y que no se usaron componentes diseñados o ensamblados de manera tal que reducen artificialmente su durabilidad.

La obsolescencia programada es una estrategia deliberada que vulneran no solo la ética comercial al diseñar un producto para que fracase y obligue a la recompra, sino que genera en paralelo un desastre ecológico asociado, ya que cada producto diseñado para morir antes de tiempo se convierte en basura electrónica. Reclamar, denunciar y/o demandar es una forma de proteger nuestro derecho y de no aceptar el ciclo de «comprar-tirar» como un destino inevitable. El reclamo es un acto de resistencia que presiona a las empresas a diseñar productos que duren y al Estado a legislar contra esta práctica desleal.

(*) Abogada, delegada provincial de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, exjuez de Paz letrada, integrante de la comisión directiva de Conciencia San Juan

Fuente: Publicado en Nuevo Mundo, edición 1279 del 18 de noviembre de 2025