Ya son 590 los deudores alimentarios

El Registro de Deudores Alimentarios sumó 57 nuevos casos en seis meses. La mayoría son hombres y enfrentan restricciones para conducir, ingresar a casinos y contratar con el Estado.

El Registro de Deudores Alimentarios de San Juan alcanzó las 590 personas inscriptas al 18 de junio de 2026, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en la cantidad de ciudadanos alcanzados por sanciones y restricciones legales por incumplir con el pago de cuotas alimentarias.

Según datos oficiales, el director de Control de Gestión y Calidad Judicial, Marcelo Pintos, dio a conocer que el padrón registró un incremento de 57 casos en los últimos seis meses, ya que en diciembre de 2025 había 533 personas incorporadas al listado.

Uno de los datos más relevantes es que del total de inscriptos, 583 son hombres y solo 7 son mujeres, lo que refleja una marcada predominancia masculina entre quienes incumplen con esta obligación judicial.

Durante el primer semestre de 2026 se registraron 54 nuevas altas y apenas 8 bajas, una diferencia que evidencia la dificultad para regularizar las situaciones una vez que los deudores ingresan al registro.

La inclusión en este listado implica una serie de restricciones establecidas por la Ley 7072, que buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Entre las principales consecuencias figura la imposibilidad de tramitar o renovar la licencia de conducir, la prohibición de ingresar a casinos y salas de juego y la inhabilitación para desempeñarse como proveedor del Estado.

Además, cuando una persona registrada mantiene vínculos contractuales con organismos públicos, la normativa establece que las reparticiones correspondientes pueden retener los montos adeudados y ponerlos a disposición del juzgado interviniente para garantizar el pago de la cuota alimentaria.

Las sanciones no se limitan a estas medidas. Dependiendo de cada situación, los magistrados también pueden ordenar embargos de bienes u otras restricciones patrimoniales destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones impuestas.

Desde el Poder Judicial destacaron que el registro constituye una herramienta de control y cumplimiento que busca reforzar la responsabilidad parental y asegurar recursos para quienes dependen de las cuotas alimentarias.

El crecimiento sostenido de los inscriptos muestra que el incumplimiento continúa siendo un problema relevante en la provincia. Con más de medio millar de personas alcanzadas por estas sanciones, la tendencia plantea un desafío tanto para la Justicia como para los mecanismos de cobro y regularización previstos por la legislación vigente.