Un informe técnico demuestra que los caños del Acueducto Gran Tulum presentan irregularidades: son aptos para desagüe

Un estudio encargado por OSSE concluyó que las tuberías instaladas no serían aptas para agua potable y podrían resultar tóxicas. El documento se incorporará a la causa judicial que analiza la licitación, el financiamiento internacional y la calidad de los materiales.

Se conocieron las conclusiones del primer informe técnico encargado por OSSE para evaluar la calidad de las cañerías instaladas en el Acueducto Gran Tulum, una obra clave pensada para garantizar el abastecimiento de agua potable a una población cercana al millón de habitantes en San Juan. El estudio, realizado por la consultora Interacción y certificado por Bureau Veritas, sostiene que los caños provistos por la empresa alemana Krah no estarían diseñados para transportar agua destinada al consumo humano, sino para sistemas cloacales y desagües pluviales, lo que encendió alarmas técnicas y judiciales.

De acuerdo con el informe, las tuberías analizadas no cumplirían con los estándares exigidos para soportar presión, condición indispensable en redes de agua potable. Además, se advierte que los insumos utilizados en su fabricación podrían no ser aptos para consumo humano y que existe la posibilidad de migración de partículas potencialmente tóxicas.

El Acueducto Gran Tulum fue concebido como una obra estratégica para abastecer de agua potable al denominado “San Juan del millón de habitantes”. En ese marco, la empresa Krah resultó adjudicataria de dos licitaciones para proveer las cañerías. La primera se concretó en marzo de 2015, durante la gestión de José Luis Gioja, e incluyó 13 kilómetros de tuberías por un monto de 61,2 millones de pesos. La segunda adjudicación se realizó en mayo de 2017, ya bajo el gobierno de Sergio Uñac, por 56,7 kilómetros de caños. En esa oportunidad, la firma presentó una oferta superior al presupuesto oficial por más de 74 millones de pesos.

Antes de esa adjudicación, la empresa competidora General Plastics había advertido ante OSSE que las tuberías ofrecidas por Krah tenían carácter experimental y cuestionó también que el monto superara el presupuesto previsto.

La calidad técnica de los materiales volvió a quedar bajo la lupa en 2024, cuando la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un pedido de informes para conocer detalles de la obra. Meses después, en diciembre de 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen posibles irregularidades en la licitación, el uso de los fondos y la elección de los proveedores. Entre los puntos señalados, se incluyó la adjudicación a una empresa alemana cuyo apoderado era familiar del exgobernador Sergio Uñac.

En febrero de este año, la Provincia decidió constituirse como querellante en la causa, mientras que el informe técnico elaborado por Interacción será incorporado como prueba en el expediente judicial.

Antes de que el tema tomara estado público, OSSE había iniciado trabajos internos para determinar cómo continuar con el proyecto ante las sospechas sobre la calidad de las cañerías. Se conformaron dos comisiones, una destinada a recopilar documentación y otra orientada al análisis técnico. Según fuentes oficiales, durante ese proceso hubo personal jerárquico que fue desvinculado, aunque no trascendieron los nombres.

Como parte de esas tareas, se dispuso una auditoría técnica y se enviaron muestras de distintos tramos del acueducto a la consultora Interacción. El informe resultante fue certificado por Bureau Veritas, empresa internacional especializada en evaluación de conformidad, auditorías e inspecciones, que confirmó que los caños analizados corresponden a sistemas utilizados en desagües y no en redes de agua potable.

La investigación judicial es llevada adelante por los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez. OSSE ya remitió más de cien cajas con documentación al Ministerio Público Fiscal, a lo que se suma el material obtenido en una inspección ocular realizada el 10 de marzo en el ramal principal de la obra, que va desde el dique Punta Negra hasta la planta potabilizadora de Marquesado. En ese procedimiento se verificaron tramos con caños expuestos y otros enterrados, con el objetivo de determinar si la colocación se ajustó a los planos originales. No se descarta que la pesquisa avance sobre empresas privadas y que se ordenen allanamientos.

Tras conocerse el contenido del informe, OSSE resolvió solicitar la intervención del INTI para realizar una nueva evaluación técnica. Si ese organismo confirma las conclusiones de la consultora, las tuberías deberán ser retiradas, lo que pondría en riesgo la continuidad de la obra. El proyecto se financia con un crédito de 100 millones de dólares otorgado por Kuwait, que la provincia ya comenzó a pagar, por lo que la eventual necesidad de reemplazar las cañerías podría paralizar el acueducto por falta de recursos.

La obra se originó a partir de una línea de financiamiento otorgada por el país árabe a la Argentina como parte de acuerdos de cooperación posteriores a la Guerra del Golfo de 1990-1991. En 2013, el entonces ministro de Infraestructura José “Pepe” Strada gestionó la llegada de los fondos a San Juan, con un plazo de devolución de 20 años y una tasa del 4%. Las condiciones del préstamo exigían que el dinero se destinara a proyectos de agua o saneamiento, lo que llevó a la Provincia a modificar sus planes originales y avanzar con el Acueducto Gran Tulum.

¿QUÉ DICE LA JUSTICIA?

El fiscal Sebastián Gómez, a cargo de la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de caños para la obra del Acueducto Gran Tulum, confirmó que la investigación continuará tras la aparición de un informe interno que advertiría que las cañerías adquiridas no serían aptas para el transporte de agua potable.

Según se conoció en las últimas horas, el documento que fue elaborado por OSSE durante la última gestión de Uñac y que señala que los caños utilizados corresponden a tuberías destinadas a desagües, fabricadas con componentes químicos que podrían resultar perjudiciales para la salud humana. El informe indica además que estos materiales no serían adecuados para conducir agua destinada al consumo, lo que habría motivado en su momento la paralización de la obra, aunque esa información no había trascendido públicamente hasta ahora.

En declaraciones a la prensa, Gómez explicó que la Fiscalía tomó conocimiento reciente del informe y que ya comenzó a recibir documentación oficial enviada por el Gobierno para su análisis. El funcionario judicial indicó que el material será evaluado por el equipo técnico que trabaja en el expediente.

El fiscal aclaró que, por el momento, no se pueden sacar conclusiones ni avanzar con imputaciones, debido a que se trata de una investigación compleja y de carácter técnico. En ese sentido, remarcó que un informe por sí solo no alcanza para determinar responsabilidades penales y que será necesario realizar pericias que permitan verificar si las cañerías cumplen o no con las condiciones requeridas.

Gómez señaló que el primer paso será confirmar la autenticidad y el contenido de la documentación recibida. Posteriormente, se ordenarán estudios técnicos para determinar si existieron irregularidades en la compra de los materiales o en la ejecución del proyecto.

Consultado sobre la posibilidad de realizar allanamientos o secuestrar dispositivos electrónicos, el fiscal se mostró cauto y sostuvo que aún no están dadas las condiciones para ese tipo de medidas. Explicó que primero debe comprobarse la existencia de un hecho ilícito y recién después establecer quiénes podrían ser los responsables.

El representante del Ministerio Público también advirtió que la causa demandará tiempo, ya que no solo se analiza la ejecución de la obra, sino también las etapas previas, incluyendo el proceso licitatorio y administrativo.

Finalmente, no descartó que, si se confirman las irregularidades mencionadas en el informe, la investigación pueda avanzar hacia figuras penales más graves, incluso relacionadas con un posible riesgo para la salud pública. No obstante, insistió en que cualquier definición dependerá de los resultados de las pericias y del análisis integral de toda la prueba reunida.