Tres postulantes a Fiscal General, tres trayectorias diferentes: ¿Cuál es el perfil de cada ternado?

Tras el fallecimiento del doctor Eduardo Quattropani, la Fiscalía General de la Corte de Justicia de San Juan quedó vacante, y tres abogados de amplia trayectoria se presentaron para ocupar ese puesto clave dentro del Poder Judicial y fueron electos por el Consejo de la Magistratura: Guillermo Francisco Baigorrí, Mario Rogelio Senatore Pasten y Rolando Aníbal Lozano.

Los tres reúnen experiencia judicial, formación académica sólida y vínculos con distintos ámbitos de gestión pública, aunque cada uno representa una mirada diferente sobre la Justicia.

Guillermo Francisco Baigorrí: de la política a la justicia

Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1989, Guillermo Baigorrí combina una extensa trayectoria judicial con un pasado político relevante. Fue diputado nacional entre 2003 y 2007, presidente del Partido Producción y Trabajo, espacio que hoy lidera el gobernador Marcelo Orrego, y senador nacional electo, aunque renunció a su banca para permitir que asumiera Roberto Basualdo.

Tras su paso por la política, ingresó al Poder Judicial provincial y desde 2012 se desempeña como juez de Cámara de Apelaciones del Trabajo. Además, desde 2016 integra como subrogante la Sala Segunda de la Corte de Justicia, donde intervino en causas de relevancia como la denominada Megacausa de Expropiaciones.

En el ámbito académico, Baigorrí ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Cuyo y en la Universidad Nacional de San Juan, y participó en el Proyecto de Digesto Jurídico Provincial. Su perfil se asienta en la experiencia institucional y en una carrera judicial consolidada tras más de una década en la magistratura.

Mario Rogelio Senatore: el impulsor de la modernización judicial

Con 20 años de experiencia en el ámbito judicial, Mario Rogelio Senatore Pasten es considerado uno de los arquitectos del Sistema Acusatorio Penal de San Juan. Actualmente se desempeña como coordinador administrativo de la Oficina Judicial Penal (Ofijup), desde donde lidera equipos dedicados a la optimización de la gestión judicial.

Fue director de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) durante la implementación del procedimiento de Flagrancia y participó activamente en la reforma procesal penal, reconocida con premios provinciales y nacionales a la calidad institucional.

Senatore se graduó como abogado y procurador en la Universidad Nacional de Córdoba en 2005, y cuenta con una especialización en Sindicatura Concursal. Se formó también en mediación, gestión de calidad, ciberseguridad y litigación oral, y es uno de los referentes locales en innovación judicial.

Ha sido docente universitario y disertante en congresos nacionales e internacionales, y participó en el Programa Piloto de Uso Estratégico de IA Generativa en la Justicia Argentina. Su perfil destaca por su visión tecnológica, enfoque en gestión y amplia experiencia en coordinación institucional.

Rolando Aníbal Lozano: una carrera forjada en el Derecho Penal

El tercero de los postulantes, Rolando Aníbal Lozano, es actualmente secretario relator de la Fiscalía General y supervisor de la Unidad Fiscal Cavig, especializada en violencia de género e intrafamiliar. Abogado egresado de la Universidad Católica de Cuyo, con matrícula desde 1997, posee más de 25 años de experiencia en el Derecho Penal, tanto en la actividad privada como en la función pública.

Durante dos décadas ejerció la profesión como penalista, interviniendo en más de un millar de causas y asesorando a entidades como la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Desde 2018 integra el Ministerio Público Fiscal, donde tuvo un papel clave en la implementación del Sistema Acusatorio y en el diseño de los modelos de gestión de todas las unidades fiscales.

Lozano cuenta con un máster en Derecho Penal Internacional (Universidad de Granada) y ha sido profesor universitario en materias vinculadas a criminalística e investigación de delitos complejos. Fue miembro del Consejo de la Magistratura, conjuez de la Corte, y en dos ocasiones integró ternas para juez de Cámara Penal. Su perfil se vincula directamente con la experiencia operativa en la justicia penal y el conocimiento del funcionamiento interno del Ministerio Público.