Tras el DNU, Trabajo advirtió que los gremios ahora deberán garantizar el 75% del servicio: «Creo que debería haber sido por ley»

Así lo confirmó el Subsecretario de Trabajo de la provincia, Franco Marchese.

A través del decreto de necesidad y urgencia 340/2025, publicado ayer en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei limita el derecho a huelga y amplía las actividades consideradas esenciales. Es decir, las actividades que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto. Entre estas, aparece dos clave y de alto impacto cuando realizan medidas de fuerza: docentes y transporte público.

“Vamos a poner un ejemplo como el tema del transporte pasajero. Si ellos deciden tomar una medida de fuerza, la que sea, tienen que asegurar como mínimo al ser un servicio esencial la prestación de como mínimo el 75% de ese servicio”, dijo el subsecretario de Trabajo. Y fue más directo al explicar que “si los gremios UDA, UDAP, AMET quieren hacer un paro tienen que avisar 24 horas a la Subsecretaría y garantizar el 75% (del servicio)”.

Y dio detalles, “deben dar los gremios de cualquier rubro que esté dentro del servicio esencial, un plan de acción o plan de contingencia de cómo van a asegurar ese 75% de prestación del servicio”. Marchese reconoció que “cree” que los sindicatos “lo van a discutir en la Justicia, capaz que al discutir en la Justicia puedan frenar el decreto provisoriamente, es decir, una cautelar”.

El funcionario dijo que “compartía” los alcances del decreto porque “venimos sufriendo que los sindicatos por ahí juegan con ese tema de las medidas de fuerza para presionar y nos dejan sin clase a todos los chicos, o sin transporte también en algunos casos, entonces yo la verdad que sí en eso comparto”. De todas maneras, Marchese entiende que antes que un decreto debería ser aprobado por el Congreso Nacional.

“Lo mejor sería esto, ya finalmente darle un marco legal como corresponde, sancionar una ley y listo, y se acabe todo tipo de presunciones y demás. Por más que por supuesto los sindicatos van a discutirlos judicialmente por el tema del derecho constitucional de huelga”.

Sindicatos docentes impugnarán el decreto que limita el derecho a huelga

La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, confirmó que el sector educativo recurrirá a la vía judicial para impugnar el Decreto 340/2025 que limita el derecho a huelga, al tiempo que denunció el incumplimiento sistemático de los fondos educativos por parte del gobierno nacional. Las declaraciones se produjeron durante una jornada de protesta en las peatonales de San Juan, donde docentes realizaban una clase pública para visibilizar la crisis del sector.

Respecto al decreto que declara la educación como servicio esencial, exigiendo un 75% de asistencia durante las medidas de fuerza, Quiroga recordó que «esto sucedió también en tiempos de De la Rúa, en el año 2000. Después se logró que la justicia lo declarara inconstitucional». La misma situación se repitió en 2023, cuando otra norma similar fue derogada. «La ley dice que es únicamente cuando peligra tu vida. Eso es esencial», explicó la sindicalista, adelantando que presentarán recursos tanto en tribunales locales como ante organismos internacionales.

El conflicto se enmarca en un escenario de creciente tensión entre el gobierno y los gremios, agravado por la pérdida del poder adquisitivo docente. Según datos de UDAP, en San Juan los salarios del sector perdieron un 32% frente a la inflación durante el último año. «Las provincias solas no se pueden hacer cargo de la educación», remarcó Quiroga, criticando la política de descentralización educativa sin los correspondientes recursos económicos.

Mientras se espera el pronunciamiento judicial, las medidas de fuerza quedan en suspenso, aunque los sindicatos anunciaron que intensificarán las acciones de visibilización, incluyendo clases públicas y campañas de concientización. «Esto no es solo sobre huelgas: es sobre si Argentina seguirá teniendo educación pública o no», concluyó la dirigente, en alusión al recorte presupuestario acumulado que ronda el 45% en términos reales desde 2020.

La medida gubernamental, que afecta a otros 30 sectores productivos, ha generado rechazo unánime en la centrales sindicales, que la califican como «un intento por vaciar de contenido el derecho constitucional a huelga».