Se entregó el empresario de la construcción que era buscado por la causa de presunta estafa con viviendas

Después de que la justicia le dictara la prisión preventiva al jefe sindical de la Unión Obrera Textil, Hipólito Roberto Vega y al dueño de la empresa constructora Afcom SRL, Francisco Fernández Muñoz, por el delito de estafas reiteradas, este miércoles al mediodía se entregó el empresario que había sido señalado por los imputados como el responsable de todo.

Se trata de Miguel Ceferino Aciar, el socio de la firma implicada en la causa y quien se hallaba prófugo de las autoridades. El hombre quedó tras las rejas y a disposición de la fiscalía, que formalizaría la causa en su contra en las próximas horas. El tercer involucrado sería acusado por el fiscal Duilio Ejarque por la misma maniobra delictiva que se sospecha que llevaron adelante el sindicalista y el constructor detenidos.

La jueza Celia Maldonado les dictó la prisión preventiva por un plazo de 20 días, se cumplirá en las comisarías dónde están alojados, a pesar de que los abogados defensores habían solicitado que quedasen en libertad o, en forma subsidiaria, en sus domicilios. No obstante, tras la audiencia marcharon tras las rejas; algo que podría suceder también con Aciar.

Los tres son los principales sospechosos en la causa por el frustrado proyecto del barrio Gremio Textil II, que dejó, hasta la fecha, un total de 57 familias damnificadas. La UFI Delitos Informáticos y Estafas sigue acumulando denuncias. Fuentes judiciales aclararon que el caso comenzó con las denuncias de 6 familias, después se agregó una séptima presentación judicial en nombre de otros 48 damnificados y este lunes recibieron 3 más.

Esas denuncias señalan que Vega, Aciar y Fernández comenzaron a vender las carpetas a futuros adjudicatarios del barrio Gremio Textil II allá por el 2022, a un valor 1.500.000 pesos. Ese precio luego se fue actualizando en base a la inflación. Por ejemplo, en 2024, una familia pagó la cifra 8.000.000 mil.

Los denunciantes aseguraron que desconocían, y nunca les dijeron, que había problemas con el terreno donde planeaban levantar el barrio. Aun así, el gremio y la constructora continuaron comercializando el proyecto.

El contrato tampoco establecía plazos de entrega, pero se suponía que la obra iba a ponerse en marcha en 2023. Sin embargo, ese mismo año el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) intimó al gremio y a la constructora para que se pusieran al día con la documentación, pero finalmente el organismo dio por caído el proyecto a raíz de que nunca compraron el terreno o no realizaron el cambio de titularidad.

Si bien son 57 las familias que presentaron denuncias por el frustrado proyecto del Barrio Gremio Textil II, estiman que las damnificadas ascienden a 150, revelaron fuentes judiciales. Paralelamente, Fernández y Aciar acumularon más denuncias vinculadas a otros emprendimientos inmobiliarios que no se concretaron.