San Juan y otras ocho provincias podrán administrar peajes: cómo impacta el nuevo esquema

La medida fue oficializada por decreto del Gobierno nacional y habilita a la provincia a gestionar tramos viales con financiamiento propio. El sistema obliga a reinvertir lo recaudado en mantenimiento, pero abre interrogantes sobre su viabilidad local.

El Gobierno nacional formalizó la habilitación para que San Juan, junto a otras ocho provincias, pueda concesionar tramos de rutas nacionales mediante el cobro de peajes. La medida quedó establecida en el Decreto 253/2026, que impulsa un esquema de delegación funcional y temporal para que las jurisdicciones asuman la reparación, conservación y mantenimiento de los caminos ante el repliegue de la inversión pública nacional.

La normativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, alcanza también a Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén. Responde a reclamos provinciales que buscaban herramientas legales para sostener la infraestructura vial frente al recorte de fondos para obra pública y la paralización de Vialidad Nacional.

En este nuevo escenario, San Juan deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad para definir qué tramos serán concesionados, los plazos de explotación y los mecanismos de control. Cada acuerdo requerirá la aprobación previa de la Secretaría de Transporte.

Uno de los puntos centrales del decreto es el destino de los fondos: todo lo recaudado por peajes deberá reinvertirse exclusivamente en el tramo concesionado, sin posibilidad de desviar esos recursos a otras obras o jurisdicciones. El objetivo es garantizar que el usuario vea reflejado el pago en mejoras concretas sobre las rutas.

Sin embargo, la transferencia de funciones no implica una cesión definitiva. El Estado nacional mantiene la titularidad de las rutas y podrá revocar la delegación. Además, las concesiones tendrán un límite máximo de 30 años y la provincia contará con solo un año para llamar a licitación; de lo contrario, perderá la facultad otorgada.

El cambio se apoya en un conjunto de normas vigentes sobre concesión de obras públicas y reorganización del Estado, y marca un giro hacia la descentralización de la gestión vial.

A pesar de la habilitación, persisten dudas sobre su aplicación en San Juan. El propio ministro de Infraestructura provincial, Fernando Perea, había señalado anteriormente que el sistema de peajes podría no ser rentable en rutas locales por el bajo flujo vehicular, lo que abre un interrogante sobre el interés del sector privado y la viabilidad económica del modelo en la provincia.